Carlos Rojas, periodista que estuvo detenido durante casi dos meses, afirma que muchos de sus ex compañeros de la Cárcel de Ramo Verde están graves de salud y que la única respuesta del director del penal ha sido “ignorarlos”. Según él, no reciben atención médica
Familiares y amigos de los llamados presos políticos denunciaron que los encarcelados, recluidos en penales civiles y militares, sufren condiciones inhumanas, además develaron que el estado de salud de muchos de ellos es grave y que a pesar de esto, no reciben la atención médica que por ley les corresponde. Reclaman respeto a sus derechos humanos.
“Los están dejando morir de mengua. Mi amigo Carlos Contreras tiene un absceso que de no ser tratado puede derivar en un cáncer de próstata. Lo que le hacen a él y a otros presos es un acto criminal. Deben trasladarlo a un centro asistencial porque su vida corre peligro”, expuso el periodista Carlos Rojas en relación a la condición de los privados de libertad en la Cárcel Militar de Ramo Verde, donde estuvo arrestado por casi dos meses. Apuntó que la única respuesta de José Ramón Boston Silva, director de este penal, ha sido “ignorar” la situación.
Precisó sobre el caso de Carlos Graffe, dirigente de Voluntad Popular, quien se encuentra en el Hospital Militar. “Esperan hasta el último momento para hacer los traslados, él tuvo que estar casi al borde de perder un riñón para que aprobaran el llevarlo al médico. En la enfermería de Ramo verde no hay ni una pastilla para el dolor de cabeza, eso lo vi con mis propios ojos”, dijo a través de un comunicado de prensa.
Ylsys Contreras, madre Carlos Contreras, expuso que su hijo sufre de los testículos por descargas eléctricas que le aplicaron en esa zona. No ha recibido atención médica. “Se está deteriorando. Pude ver su ropa interior, porque no hay privacidad en ese espacio, y no he podido dormir en toda la noche pensando en lo que está drenando”, señaló.
Roland García, presidente de la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos, se refirió a Wilmer Azuaje, aprehendido en la Cárcel 16 de Julio. “EL TSJ ordenó arresto domiciliario y el Gobierno se niega a acatarla, está entre delincuentes comunales y sus audiencias son diferidas sin razón”.