Representantes del Movimiento Vinotinto, CODHEZ y Funpaz denunciaron ante la ONG, que desde que el gobierno de Nicolás Maduro llegó al poder, se han implementado nuevas formas de maltratos y de torturas para los presos políticos
Manuel Vírgüez, director del Movimiento Vinotinto y Andrés Colmenares, director de la Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (Funpaz), ambos abogados coincidieron en que el incremento del número de casos de torturas se han ido incrementando y una prueba de ellos es la muerte del concejal Fernando Albán, quien falleció en extrañas circunstancias y presuntamente fue torturado en el Sebin.
Los representantes que señalan que entre las nuevas formas de maltratos y torturas que aplican los funcionarios está el aislamiento, asfixia, colgar de las manos y ahogar, así como descargas eléctricas, incluso en las partes íntimas.
“La violencia sistemática forma parte de la práctica del Gobierno de Venezuela desde hace muchos años, pero se ha dado con más crueldad y fuerza desde 2013. A partir de allí, la política de represión ha tenido una escalada en los siguientes años”.
Colmenares explicó que, de acuerdo con los tratados internacionales, por cada detención arbitraria hay un caso de tortura, sea física o psicológica. “Los detenidos denuncian que son aislados, amenazados, golpeados o tratados a la fuerza, irrespetando las garantías constitucionales”.
Vírgüez indicó que el Movimiento Vinotinto registró que 30 por ciento de los arrestados del año pasado habían sido torturados, mientras que 35 por ciento de los 272 detenidos este año afirmaron haber sufrido reclusión.
Entre los casos del año pasado se encuentra el de un grupo de 20 personas detenidas durante una protesta en Maracaibo, los cuales fueron víctimas de insultos, golpes, acoso y abuso sexual. “Una menor de edad que fue manoseada por uno de los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana”.
Lorena Arcaya, abogada e integrante de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, denunció que el grupo recibió tratos inhumanos y degradantes durante su reclusión en la sede de Corpoelec en la entidad.
Señaló que los oficiales amenazaron a los detenidos con violarlos y así sucedió con una de las víctimas que fue expuesta ante el resto de presos. Algunos dieron fe de lo sucedido en la audiencia de presentación, celebrada ante un tribunal militar cinco días después.
El abogado manifestó que hay ocho funcionarios implicados, de los cuales dos están prófugos y solicitados por la Interpol.
El pasado 5 de diciembre se desarrolló la audiencia preliminar sobre el caso y el tribunal ratificó la imputación solo por tratos inhumanos y violación sexual. Arcaya indicó que tampoco ha procedido la petición de imputación de la cadena de mando de los oficiales que cometieron los delitos.
“El Estado no ha actuado diligente ante el caso. Tienen que darle una mayor preeminencia a los hechos de violaciones de derechos humanos para determinar la responsabilidad y con eso prevenir la tortura”.