El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) denunció este sábado que las visitas familiares a los detenidos en la cárcel Rodeo I, en el estado Miranda, fueron suspendidas de forma arbitraria, afectando a unos 80 reclusos que, según la ONG, están privados de libertad por razones políticas.
La organización indicó que funcionarios del centro penitenciario alegaron que la medida responde a una supuesta ‘incitación al odio’, luego de que el domingo pasado familiares de los presos se congregaran para orar por su bienestar y libertad.
A ese grupo de detenidos “se le impidió recibir el único contacto y visita semanal permitida: ver a sus familiares a través de un vidrio, mientras hablan por un teléfono, durante apenas 15 minutos”, advirtió Clipp.
Para la ONG, la decisión representa un acto de represalia contra quienes participaron en la jornada de oración. Además, alertan sobre la presencia de funcionarios encubiertos durante la actividad religiosa, lo que consideran un claro intento de intimidación.
En este sentido, exigió el “cese inmediato del hostigamiento, la intimidación y la vigilancia ilegal contra los familiares de presos políticos”, así como la “restitución inmediata de las visitas” y “un trato humano por parte de las autoridades penitenciarias”.
También solicitó la liberación plena de “todos los presos políticos, inocentes y encarcelados únicamente por razones de conciencia”, e hizo un llamado “urgente a la solidaridad nacional e internacional y, especialmente, a las iglesias católica y cristiana”.
“Callar ante la criminalización de la oración y la represión de expresiones pacíficas de esperanza es renunciar a uno de los principios más sagrados del Evangelio: estar al lado de los que sufren y son perseguidos por causa de la injusticia”, aseguró la ONG.
Falta de atención médica adecuada
Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) alertó sobre la falta de atención médica adecuada para más de 80 presos políticos, muchas de ellas en estado de salud delicado.
A través de su cuenta en X (antes Twitter), la ONG lamentó que, pese a las reiteradas solicitudes legales introducidas por familiares y abogados, las autoridades competentes han omitido su responsabilidad.
Uno de los casos más preocupantes, según JEP, es el de la activista Rocío San Miguel, detenida desde febrero de 2024. Sostienen que la defensora de derechos humanos tiene una fractura que no ha sido atendida en más de siete meses, lo que refleja “el deterioro progresivo” de la salud de los considerados presos políticos.
Fuente: EFE.
🚨ATENCIÓN | Este Sábado Santo, #19Abr, fue suspendida arbitrariamente la visita de familiares en la cárcel de El Rodeo I, dirigida por el Cnel. Carlos Enrique Ricones Serven. Funcionarios alegaron que la medida responde a una supuesta “incitación al odio” tras la manifestación… pic.twitter.com/knDnOCcUEs
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) April 19, 2025
La situación de los presos por razones políticas en Venezuela es alarmante. Más de 80 personas se encuentran en condiciones de salud críticas dentro de los centros de detención, sin recibir la atención médica adecuada, según registros de nuestra organización.
A pesar de las… pic.twitter.com/FU7Rpk9pVz
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) April 19, 2025
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