La alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, presentará el informe este viernes
Tras la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) expuso este jueves, 4 de julio, un informe sobre la situación actual que atraviesan los venezolanos.
En el documento, que será presentado el viernes por la alta comisionada, Michelle Bachelet, se invita al gobernante Nicolás Maduro a tomar medidas para “detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales”, dado actos de violaciones, torturas y tratos crueles.
“Si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país”, que supera ya los cuatro millones de personas, indica el documento que se basa en 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos.
La institución denuncia que en el último decenio, específicamente desde 2016, el Gobierno de Maduro y sus instituciones colocaro en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al gobierno”.
A la par, solicita a las autoridades la liberación de todos los detenidos por ejercer sus derechos fundamentales; señala al Ministerio Público de haber incumplido su obligación de investigar y enjuiciar a responsables y sostiene que la cantidad de medios de comunicación disminuyen cada vez más porque el “régimen” impuso una hegemonía comunicacional que restringe el derecho a estar informado.
Dice que Maduro recurre a detenciones arbitrarias, en su mayoría sin fundamento legal, como uno de los principales mecanismos para intimidar y reprimir a sus adversarios desde 2014. Alega que se registraron 135 casos de personas (23 mujeres y 112 hombres) aprehendidas entre 2014 y 2019. Algunos de estos casos han sido calificados como desapariciones forzosas hasta que los cuerpos de seguridad del Estado señalan la ubicación de la víctima después de varios días de captura.
En el texto se subraya que la mayoría de tales detenciones surgieron cuando los ciudadanos estaban ejerciendo sus derechos humanos. En especial, relacionados a la libertad de opinar, expresarse o reunirse de manera pacífica. “Sometiéndoles a juicios en los que se cometieron graves y repetidas violaciones de la garantía de procedimientos justos”.
En muchos casos, los detenidos resultaron ser sometidos a una o más formas de tortura, así como a tratos crueles, inhumanos o degradantes como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas, de acuerdo al documento.
El alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU argumenta que la Guardia Nacional (GN) y la Policía Nacional (PN) es responsable del uso excesivo de la fuerza en manifestaciones al menos desde 2014.
Mientras, los integrantes de las Faes son señaladas de llevar a cabo numerosas ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad. Lo mismo, advierten del Cicpc. Los servicios de inteligencia, Dgcim y Sebin, son acusados de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura a opositores y a sus familiares. Además, los colectivos armados (calificados por la Asamblea Nacional de paramilitares) contribuyen a este sistema ejerciendo control social en las comunidades locales y al apoyar a las fuerzas de seguridad en la represión de disidencia y protestas.
Insta a disolver la Faes y se establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, a fin de investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad, asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas, respectivamente.
La entidad sintetiza un conjunto de leyes, políticas y prácticas que redujo el ámbito democrático y desmontó el sistema de control institucional sobre el poder Ejecutivo, permitiendo la reiteración de graves violaciones de derechos humanos.
Asimismo, se refiere a la repercusión de la profunda crisis económica que priva a la población de los medios necesario para satisfacer sus derechos con respecto a cuidados médicos y ámbitos alimenticios.
Maduro aceptó otorgar la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acceso pleno a los centros de detención para monitorear las condiciones y hablar con las personas en cautiverio, según la ACNUDH.
Igualmente, se adoptará un calendario de 10 visitas de los procedimientos especiales en los próximos dos años. Tanto la ACNUDH y el Gobierno venezolano actual evaluarán la posibilidad de establecer una oficina, incrementar la presencia de la organización.
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diciembre 7, 2024
