El desalojo del retén El Marite afectó mucho a los detenidos porque hay un retardo procesal que a juicio de la comisión es injustificado y esto vulnera el derecho de todas las personas que necesitan someterse a la justicia venezolana
El derecho a la alimentación y a la salud son los más transgredidos en el estado, según el informe anual 2016 de la Comisión para los Derechos Humanos del Zulia (Codhez), que fue presentado ayer en el Aula Magna de la Universidad Rafael Urdaneta (URU) de Maracaibo.
Daniela Guerra, directora general de Codhez, explicó que debido a la situación que vive el país, la comisión comenzó a atender el año pasado casos vinculados a la crisis en el sistema de alimentación y salud.
“En definitiva aunque nuestros derechos civiles y políticos están fuertemente transgredidos, incluyendo también la suspensión del referendo revocatorio, la violación a los derechos a la alimentación y a la salud es una trasgresión muy directa a nuestro derecho a la vida y afecta la dignidad de las personas”.
Manifestó que la intención de este trabajo es propiciar que otras organizaciones tengan una motivación a denunciar e investigar lo que hoy ocurre en esta materia.
Señaló que el informe está conformado por varios capítulos: el primero tiene que ver con libertades personal y el debido proceso, casos de detenciones arbitrarias, cuyas víctimas están bajo un procedimiento judicial, pues de los casos que llevan solo uno tiene abierto juicio, los demás siguen esperando una audiencia.
Indicó que los racionamientos programados que ocurrieron en abril de 2016 generó una repercusión muy grave para todos los zulianos. “En el caso de los tribunales se redujo de la forma le horario oficial que de 427 horas que debían laborar, solo trabajaron 187 horas; es decir 240 de labor establecida no se hicieron por siete decretos presidenciales”.
El desalojo del retén El Marite afectó mucho a los detenidos porque hay un retardo procesal que a juicio de la comisión es injustificado y esto vulnera el derecho de todas las personas que necesitan someterse a la justicia venezolana.
Guerra destacó que otro capítulo, corresponde a los derechos de los pueblos indígenas, comenzaron a trabajar en La Guajira venezolana, donde vienen descubriendo la violación de derechos humanos desde que militarizaron la zona y esto trajo denuncias, incluso 22 muertes.