La Fiscalía venezolana tiene 40 días, contando desde este martes, para presentar las pruebas necesarias que justifiquen la extradición del implicado en blanqueo de capitales
Rafael Reiter Muñoz, exdirector de seguridad de Pdvsa, fue detenido el pasado 13 de junio en Barcelona, España, tras un pedido del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para extraditarlo por su presunta implicación en un blanqueo de capitales por sobornos, a través de la banca de Andorra, entre otros delitos.
Hace dos semanas, la Fiscalía Anticorrupción española pidió que sea procesado por lavado de dinero, una decisión que la jueza española María Tardón todavía no ha resuelto. Muñoz fue detenido por este caso en 2017, pero luego fue liberado y quedó a disposición de la justicia.
La investigación sobre el blanqueo de capitales en Europa, donde está presuntamente implicado Reiter Muñoz, comenzó el 1 de diciembre de 2017.
El informe de la investigación se nutre de documentos policiales de Andorra, la Unidad de Inteligencia Financiera de ese principado y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El detenido permanecerá en España sin fianza posible hasta que se defina su extradición.
Tiempo límite para extradición
Los fiscales venezolanos tienen 40 días para presentar las pruebas necesarias que justifiquen la extradición, y luego el exfuncionario de Pdvsa tendrá la palabra ante el tribunal que decidirá su futuro. La justicia española ya ha rechazado otros pedidos de extradición similares.
La decisión del TSJ de repatriar al exfuncionario puede estar motivada por las negociaciones abiertas entre Reiter Muñoz con Estados Unidos, que también requirió su extradición.
Reiter estaba en conversaciones con las autoridades de ese país entregar información (con varias restricciones) a cambio de beneficios. La Corte Federal de Texas también lo acusa de haber desviado fondos de Pdvsa.
El TSJ describió al denominado Grupo Salazar (por Diego Salazar), conformado por un grupo de compañías vinculadas entre sí, “para defraudar a empresas del Estado venezolano”.
Estos reportes identifican a funcionarios de Pdvsa y del Ministerio de Energía y Petróleo “que recibieron cuantiosos sobornos durante el período comprendido entre 2007 y 2012”.
La suma blanqueada en la Banca Privada de Andorra para el período comprendido entre octubre 2011 a noviembre 2012 es de más de 1.347 millones de euros.
Fuente: Tal Cual
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diciembre 5, 2024
