Luego de la sesión ordinaria del Parlasur, prevista para el pasado 26 de agosto, los diputados de la Asamblea Nacional, Rafael Ramírez Colina y Óscar Ronderos, sostuvieron un encuentro con una delegación de altos funcionarios del Gobierno de Uruguay
Luego de la sesión ordinaria del Parlasur, prevista para el pasado 26 de agosto, los diputados de la Asamblea Nacional, Rafael Ramírez Colina y Óscar Ronderos, sostuvieron un encuentro con una delegación de altos funcionarios del Gobierno de Uruguay.
Según detalló el diputado Rafael Ramírez Colina, la delegación estuvo dirigida por la vicepresidenta de ese país, Lucía Topolansky, en compañía del canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, a quienes se les explicó la realidad venezolana, denunciada en el Informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.
“Venezuela enfrenta una Emergencia Humanitaria Compleja. Así lo hemos denunciado desde la Asamblea Nacional y ese es el mensaje que también llevamos ante los países de Latinoamérica y del mundo, como portavoces de la realidad nacional, donde a diario se vulneran los derechos humanos de los venezolanos”, explicó Ramírez Colina.
Los parlamentarios denunciaron las condiciones infrahumanas en la que se encuentran recluidos centenares de presos políticos y la forma “viciada” en la que se han manejado sus procesos. “El diputado Juan Requesens, por ejemplo, lleva más de 385 días privado de su libertad de forma arbitraria e ilegal; tiene dos meses sin ver la luz del sol y su valoración médica no se ha realizado. Eso pasa con un legítimo diputado y se repite con cada ciudadano que ha sido detenido sin haber cometido delito alguno”, agregó el parlamentario.
“También es el caso del vicepresidente del parlamento, Édgar Zambrano, que solo logró la visita de sus familiares a través de un vidrio blindado después de una huelga de hambre que mantuvo por varios días, y que a la fecha no ha podido designar abogados porque el tribunal no ha vuelto a dar despacho”, acotó.
Entregaron a la comisión los informes que respaldan las denuncias sobre violaciones de derechos humanos cometidas en el país. Ratificaron nuevamente la necesidad de que en Venezuela se produzca un “cambio político”, que pasa ineludiblemente por la “salida de Nicolás Maduro”.
“Un trabajador promedio en Venezuela percibe dos dólares al mes. Y ya no es una cuestión que puedan denunciar como especuladora, sino admitida y reconocida por el BCV. La hiperinflación destrozó la capacidad adquisitiva del venezolano y aunada a la crisis de servicios públicos, ha repercutido en la migración que afronta el continente y que solo seguirá agravándose en caso de que no se atienda la causa, que es Nicolás Maduro”.