Los diputados zulianos, Juan Pablo Guanipa y Rafael Ramírez encabezaron la Rendición de Cuentas Parlamentarias 2018 ante una representación de la sociedad civil
En un acto de la ONG Transparencia Venezuela, los diputados zulianos a la Asamblea Nacional (AN), Juan Pablo Guanipa y Rafael Ramírez expusieron la Rendición de Cuentas Parlamentarias durante este año y sus planes de acción legislativa para el 2019.
Juan Pablo Guanipa, diputado de la AN, aseguró que “en Venezuela no hay Estado de derecho” y que no se puede lograr la restitución de estos hasta que no se logre un cambio de gobierno.
“No hay forma de lograr la restitución de los derechos perdidos hasta que logremos el cambio. La gente lo que pide es oportunidades y eso no se puede lograr con un gobierno de dictadura. Un gobierno que no tiene dentro de sus objetivos que las personas tengan oportunidad de trabajar y oportunidad de avanzar, sino que su objetivo es mantenerse en el poder así no tenga el respaldo del pueblo”.
En cuanto a los hechos ocurridos en las zonas mineras e indígenas del sureste del país, el parlamentario aseveró que en materia de ambiente y de derechos indígenas: “los indígenas tienen su jurisdicción, pero esa jurisdicción no puede estar por encima de la Constitución”.
Explicó que detrás de los problemas que se presentan en la región minera “hay una desesperación del régimen para buscar recursos donde sea y hacer lo que les dé la gana. No les importa matar a los indígenas que tengan que matar para adueñarse de las tierras”.
Logros significativos en 2018
Rafael Ramírez, diputado de la AN, puntualizó que uno de los problemas “más grande” que enfrenta Venezuela es que el Ejecutivo no respeta las instituciones como la legítima Asamblea Nacional.
El también representante del Parlasur aseveró que el Parlamento hizo este año 44 sesiones y en “cada sesión se discutieron al menos cuatro puntos”.
Entre las comisiones más visibles y resaltadas por el diputado está la Comisión de Finanzas: “que viene estableciendo todos los meses los índices de precios al consumidor, haciendo su estudios con agentes externos que vienen dando las cifras de la inflación y las cifras de la caída de la producción petrolera”.
Explicó que la AN investiga todo lo que se trata de ingresos y gastos que efectúa el Gobierno nacional y esta es partícipe en cuanto a las sanciones del oro que permiten que el Ejecutivo no pueda hacer algún tipo de manejo inescrupuloso con el tema de la minería.
De la Comisión de Derechos Humanos puntualizó que esta no solo recibió o recibe a los opositores y a los ciudadanos que son víctimas de violación de derechos humanos, sino también investiga a los militares y policías que están presos.
“La AN verifica la situación de los presos políticos que no pertenecen a esta tendencia política, recordemos que el Gobierno no solo ve fantasmas de este lado, sino también del lado de ellos y los apresan sin juicio, sin etapa y sin nada”.
Sobre la Comisión de Ambiente, el también miembro del partido Primero Justicia comentó que se presentó un informe pormenorizado de todo el tema del arco minero “en el sentido de la explotación. El oro está saliendo sin ser pesado o lo pesan los bandidos y luego lo pasan por la frontera, y de allí se ha hecho un trabajo de investigación por la Comisión de Ambiente”.
Ramírez, quien es el representante de la Comisión de Energía, expresó que el trabajo de esta comisión se divide en dos sectores, en la subcomisión del sector eléctrico, en el que se discuten los temas de la corrupción eléctrica.
La segunda se trata del seguimiento de la industria petrolera (caída de la industria petrolera).
En materia legislativa la Asamblea Nacional aprobó un proyecto nombrado Ley de Recuperación de Activos, Producto de la Corrupción es una ley de siete capítulos, que según Ramírez busca reprimir todos los temas de corrupción.
Rafael Ramírez indicó que las sanciones internacionales “no afectan a todas la personas, afectan a los que hacen negocios con el dinero del país, la discusión no es que ingrese dinero, la discusión es como se utilice el dinero”.
La Asamblea Nacional registró 44 sesiones en el 2018 y en cada sesión los diputados hacen un gasto mínimo de 20 mil bolívares soberanos de su bolsillo para asistir a una sesión; el Gobierno mantiene suspendido el pago a los parlamentarios nacionales.