El balance anual del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) reveló que “cada 16 horas una persona u organización fue víctima de persecución o criminalización en el país” el año pasado
Unos 523 casos de “persecución y criminalización” contra trabajadores de medios de comunicación, activistas sindicales, trabajadores públicos y personas vinculadas a la política, tuvieron lugar en el país durante 2022, de acuerdo a un balance anual del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), difundido este miércoles.
Según la oenegé, “cada 16 horas una persona u organización fue víctima de persecución o criminalización en el país”.
“Los datos recabados en el informe de cierre del año pasado demuestran, una vez más, que estos actos forman parte de una política de Estado aplicada con el fin de garantizar la permanencia en el poder de Nicolás Maduro”, señaló la organización en una nota de prensa.
Sostuvo que en junio hubo más casos reportados (125), caracterizado por las órdenes de aprehensión contra funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), “demostrando así el uso de castigos ejemplarizantes y el control que ejerce el Gobierno sobre las instituciones y las fuerzas de seguridad del Estado”.
Octubre, prosiguió Cepaz, fue el segundo con más casos de persecución con 57, con el cierre de emisoras de radio.
“Los trabajadores de la comunicación fueron las personas más perseguidas durante 2022, con un total de 239 casos documentados, que representan el 46 % del total de las víctimas”, añadió Cepaz.
Los ciudadanos en general, trabajadores públicos, familiares de perseguidos y activistas sindicales se ubicaron en la segunda categoría, con un total de 148 casos (28 %).
Cepaz indicó que las personas vinculadas a la política fueron la tercera categoría de personas más perseguidas, con 106 casos (20 %), seguido de las oenegés y personas de defensoras de derechos humanos con 24 casos (5 %).
Asimismo, dijo que del total de casos reportados, 259 fueron contra hombres (49 %) y 68 fueron contra mujeres (13 %).
Sobre los victimarios, la organización dijo que el 38 % de los casos está involucrado a las fuerzas de seguridad del Estado, y en segundo lugar las instituciones y funcionarios públicos (32 %).
La oenegé pidió poner fin a los actos de persecución y criminalización, así como que se investigue y se sancione a cada uno de los responsables, “tanto a los perpetradores como a las cadenas de mando”.
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