Drama familiar evidencia “tratos crueles” a los deportados

Una familia colombiana, expulsada de Venezuela, teme por la salud de dos de sus tres hijos que sufren de epilepsia. Los niños eran tratados en tierras venezolanas por médicos cubanos pero tras su llegada a un albergue colombiano la salud ha empeorado

La situación de los deportados colombianos sigue mostrando su peor cara. Un trabajo especial realizado por Amnistía Internacional pone al descubierto el drama de las familias que fueron expulsadas de Venezuela tras el cierre fronterizo ordenado por el presidente Nicolás Maduro desde el 19 de agosto. 

En esta oportunidad, una familia conformada por padre, madre y tres hijos, cuenta los embates por parte de la Guardia Nacional y cómo es su actual situación.

De los descendientes, dos sufren ataques de epilepsia. La enfermedad era controlada en tierras venezolanas por médicos cubanos, sin embargo, una vez que fueron expulsados del país, la salud de los menores empeoró y sus padres temen que la situación empeore.

Actualmente duermen en un albergue en Colombia y, aunque quieren regresar a Venezuela, el drama de esta familia empeora debido a que los funcionarios militares destruyeron los documentos personales del padre de los infantes.

A continuación la historia completa: 

“Tengo dos niños con epilepsia” dice colombiano expulsado desde Venezuela  

En el albergue Villa Antigua, en Colombia, hay una familia joven expulsada desde Venezuela conformada por padre, madre y tres hijos, al mayor, de 6 años, le siguen una hermanita de 4 y un hermanito de 2, que sufren epilepsia. Necesitan ayuda médica urgente ya que dejaron de ser atendidos por un médico general y ahora han dejado de recibir tratamiento adecuado. Todos los días decaen un poco más en su enfermedad.

Los padres quieren regresar a Venezuela donde eran atendidos por médicos cubanos en la Misión Barrio Adentro, les estaban haciendo los exámenes correspondientes y ahora tienen miedo de que la enfermedad avance en sus dos hijos pequeños.

El acceso a la salud pública existe en Colombia pero la persona debe figurar en una base de datos que requiere un tiempo de inscripción y certificación de que pertenece a un estrato económico bajo.

“Frankly y su hermanita están tomando un jarabe que se llama Acido Valproico que es un anti convulsionante, a veces le funciona y otras no y les dan más fuerte las convulsiones, lo llevamos al médico de Defensa Civil y le aumentó la dosis pero igual les sigue dando, esto me preocupa porque es una dosis muy alta y mis niños son muy pequeños. El médico me dice que debo dárselo, lo estoy haciendo pero tengo miedo”, declaró el padre.

“Todavía no sabemos de qué son las convulsiones y como todo pasó tan rápido en el momento que nos expulsaron que no pudimos hacer nada. Son los dos niños pequeños que están enfermos y es más económico tratarles la enfermedad en Venezuela. Ahora todo nos cambió y perdí todos mis documentos porque la Guardia venezolana me quería involucrar con grupos armados y me rompieron la cédula colombiana. A las mujeres las apartaron y a los hombres nos trataron mal y tuvimos que correr por miedo a que nos metieran presos por cosas que no hemos hecho, incluso nos dispararon, nos corretearon, dos compañeros no se pudieron escapar y se los llevaron”, manifestó.

Al mismo tiempo comentó que le tocó dormir en el camino y pasar el río a las 2:00 de la mañana, sin saber dónde estaba su familia y preocupado por sus niños enfermos. Afortunadamente un día después se consiguió con ellos en Migración Colombiana.

De acuerdo con la descripción, estamos ante un cuadro de “tratos crueles” que se encuentra bajo la misma prohibición que tiene dentro del derecho internacional la tortura, tanto por la confiscación y destrucción de documentos, que busca generar una situación de temor o indefensión en la víctima, así como por la separación de los grupos familiares, lo que podría en conjunto ser parte de una estrategia de intimidación asociada de igual manera a los casos más visibles de abusos como disparos, corretear a personas o el temor a la detención.

El caso de los hermanos cuya situación con la epilepsia se ha deteriorado no es el único. En el albergue Bella Vista, en una de las carpas que estaba cerrada, había una joven que se encontraba sola, su nombre es Yeidis Karina Madrid, sufre de epilepsia y dejó un hijo de 3 años en Venezuela.

En ese momento estaba adormecida por el medicamento que le suministraron. Lamentablemente no pude verla y saber más de ella, solo me dijeron que nadie de su familia en Venezuela los ha podido contactar. 

La Convención sobre Derechos del Niño obliga a los Estados a respetar el Principio de Unidad Familiar, que en general dispone que ningún niño o niña puede ser separado de sus padres contra la voluntad de éstos. La Convención obliga a Venezuela en cuanto a (1) abstenerse de practicar separaciones familiares arbitrarias; (2) en casos de separación proporcionar información sobre el paradero de las personas separadas a sus familiares y (3) atender toda petición de un niño o sus padres para reunificación positiva, humanitaria y expeditamente, sin que la misma tenga ninguna consecuencia negativa para los niños o sus padres.

Fallecido

En este mismo albergue estaba un tripulante de ambulancia de Defensa Civil, quien comentó cómo recibió en la frontera al señor Julián Alberto Vélez.

“Fue un paciente difícil porque estaba medicado desde Venezuela. Yo asumí toda la responsabilidad, pero el señor no estaba en conciencia total, venía con un problema visual degenerativo, hipertensión, déficit respiratoria y necesitaba una intubación urgente”.

Julián Alberto Vélez, colombiano residente en Venezuela, a sus 49 años falleció luego de pasar la frontera con un estado degenerativo de salud. Llegó a Colombia a las 11:38 de la mañana desde un hospital venezolano en la frontera que no contaba con los recursos suficientes para atenderlo aunque estuvo 10 días hospitalizado.

“No sé por qué no lo trajeron antes, en el hospital que lo atendieron no tenían los recursos para hacerle los exámenes y tratamientos correspondientes para su enfermedad. Le quedaba poco tiempo de vida y lo que me comentan es que hubo negligencia médica”, dijo el tripulante de la ambulancia.

Julián sufría de Síndrome de Guillain Barre (es un trastorno en el que el sistema inmunológico del cuerpo ataca parte del sistema nervioso periférico), la ambulancia de la Defensa Civil lo estabilizó mientras fue entregado al mediodía al Hospital Universitario Erasmo Meoz en la ciudad de Cúcuta, donde tuvo casi 2 horas de evolución médica, pero a la 1:36 de la tarde falleció debido a su complicado estado de salud. 

Julián no tenía familia pero su acompañante, pastor de una iglesia cristiana, se ofreció para cubrir sus gastos de exequias.