Incluso cuando la legitimidad del presidente Nicolás Maduro en casa y en el extranjero se marchita aún más tras las muy disputadas elecciones de Venezuela, todavía tiene una ventaja: Estados Unidos no puede permitirse golpearle donde más le duele.
Rescindir las licencias a las empresas energéticas que operan en Venezuela solo correría el riesgo de empeorar la precaria situación económica del país y podría contribuir a un éxodo en un año electoral estadounidense en el que la emigración ocupa un lugar destacado.
En su lugar, se espera que el Tesoro estadounidense adopte un enfoque más personal y selectivo en torno al aparato electoral del líder oficialista sancionando individualmente a 15 funcionarios.
“EE.UU. está buscando formas de responder simbólicamente a las elecciones sin exacerbar las vulnerabilidades de la política interna como la migración y el aumento de los precios del petróleo antes de las elecciones de noviembre”, dijo Risa Grais-Targow, analista de Eurasia Group.
Aunque “eso deja más espacio para una negociación y un enfoque multilateral, no veo a Maduro bajo mucha presión para dejar el poder”.
Cuatro meses de presión
La idea es que si EE. UU. puede hacer la vida difícil a los aliados y facilitadores de Maduro, estos podrían reconsiderar su lealtad a un líder autocrático que se atribuyó la victoria en unas elecciones que, según muchos funcionarios internacionales, fueron fraudulentas.
Mientras que las sanciones individuales “pueden ejercer cierta presión en áreas estratégicas donde los individuos pueden no estar esperando ser golpeados”, es poco probable que se produzca un cambio antes de que el mandatario jure un tercer mandato en enero, dijo Ryan Berg, director del Programa de las Américas en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington.
Esa ventana de cuatro meses es una oportunidad crucial para que Estados Unidos y la comunidad internacional presionen a Maduro para que entable conversaciones antes de que asuma el cargo por otros seis años. Además, el año que viene se celebrarán elecciones regionales y parlamentarias.
Esa urgencia se ve subrayada por la rapidez con la que el líder oficialista ha creado la iteración más opresiva de su gobierno hasta la fecha, tomando prestadas tácticas policiales al estilo cubano para reprimir las protestas e intimidar a los disidentes.
“Ciertamente creo que Estados Unidos debería hacer mucho más”, dijo la líder opositora María Corina Machado durante una conferencia de prensa virtual el jueves. “Estas compañías petroleras deberían entender que lo mejor para ellos, así como para los acreedores venezolanos, es una transición a la democracia lo más rápida posible”.
Salvo unas pocas apariciones públicas, Machado ha estado escondida en Venezuela desde principios de agosto, temerosa de ser arrestada por el régimen.
Tras las licencias individuales de las petroleras
Pocos días después de la votación, las fuerzas policiales del Gobierno detuvieron a 2.400 manifestantes, entre ellos más de 100 menores de edad. Maduro y sus altos funcionarios sembraron el terror a través de una operación de seguridad ampliamente publicitada llamada “Tun-Tun”, o “Toc-Toc”.
La televisión estatal difundió videos de la Policía de inteligencia irrumpiendo en las casas de los manifestantes para detenerlos. Imágenes compartidas desde algunas de las mayores barriadas de Caracas mostraban que la Policía de inteligencia había pintado X negras en las casas de los partidarios de la oposición.
Más recientemente, Maduro detuvo a cuatro destacados políticos de la oposición y ordenó el arresto del candidato presidencial Edmundo González Urrutia.
“Es improbable que unas sanciones selectivas individuales a la luz de una represión a esta escala marquen la diferencia en el cálculo de Maduro”, dijo Carrie Filipetti, directora ejecutiva de la Coalición Vandenberg, con sede en Washington.
“La Administración de Biden necesita mostrar liderazgo aquí y dejar claro que hay consecuencias reales”, dijo Filipetti. “Hay una ventana cada vez más estrecha en la que podemos hacer eso de manera efectiva antes de que Maduro vuelva a tomar posesión ilegalmente”.
El enfoque más eficaz que podría adoptar EE. UU. es ir tras las licencias individuales de las compañías petroleras, dijo Berg.
La mayoría de las sanciones se restablecieron en abril después de que el Gobierno renegara del acuerdo para unas elecciones justas y libres alcanzado en Barbados el año pasado, pero Washington ha permitido que unas pocas grandes petroleras sigan comprando y produciendo crudo venezolano, entre ellas Reliance, Repsol y Maurel & Prom.
La licencia de Chevron Corp. para operar fue renovada por otros seis meses a partir del 1 de septiembre, lo que le permite seguir bombeando unos 200.000 barriles diarios.
Machado evitó repetidamente referirse a esta opción específica en su último encuentro con la prensa.
Sobrevivir con apoyo del “eje autoritario”
Aunque Maduro pudo salir adelante durante los años más duros del bloqueo petrolero estadounidense, se apoyó en aliados para sortear las sanciones y aun así no pudo evitar las consecuencias económicas.
Ahora, mientras se aferra al poder, la industria petrolera es el principal motor que mantiene a flote la economía venezolana. El suministro de divisas por parte de operadores extranjeros como Chevron ha desempeñado un papel fundamental a la hora de llevar la inflación de Venezuela a nuevos mínimos.
Los analistas estiman que la producción de Venezuela puede aumentar hasta 1 millón de barriles de petróleo al día en 2025, antes de estancarse al año siguiente.
Por eso, al menos por ahora, el líder oficialista puede “probablemente sobrevivir” con el apoyo político y económico del “eje autoritario”, que incluye a China, Rusia, Corea del Norte y otros, dijo Berg.
“No tendrá demasiados amigos”, dijo, “pero puede sobrevivir”.
Fuente: Bloomberg
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noviembre 15, 2024
