Estados Unidos anunció este lunes 24 de marzo la extradición a Chile de tres venezolanos que supuestamente pertenecen al “Tren de Aragua” en un momento en el que Washington argumenta que el grupo invadió su territorio e invoca una ley para expulsar extranjeros de manera sumaria.
El Departamento de Justicia estadounidense explicó en un comunicado que las tres personas sujetas a extradición son Adrián Rafael Gámez Finol, Miguel Oyola Jiménez y Édgar Javier Benítez Rubio, que entraron ilegalmente en EE. UU. y que están en busca y captura por parte de las autoridades chilenas “por delitos violentos”, incluyendo homicidio o secuestro.
Gámez Finol, de 38 años, con doble nacionalidad venezolana y colombiana, conocido también como el alias “El Turco”, fue detenido en enero en EE. UU. y está considerado por Chile como el autor intelectual del asesinato en Santiago de Chile del exmilitar y opositor venezolano Ronald Ojeda, asilado en ese país.
El vicefiscal general estadounidense, Todd Blanche, indicó en el comunicado que “debido a su afiliación” a la referida banda, los tres “han sido declarados Enemigos Extranjeros”.
“Ya habríamos deportado a estos violentos pandilleros a Chile para que se enfrentaran a la justicia si no fuera por la orden judicial a nivel nacional impuesta por un solo juez en Washington, la cual estamos impugnando hoy en el Circuito del Distrito de Columbia”, añadió Blanche.
El presidente Donald Trump aseguró que el “Tren de Aragua” está invadiendo el país e invocó la ley de Enemigos Extranjeros, enarbolada el pasado 15 de marzo para extraditar a unos 200 venezolanos a El Salvador.
Dicha norma, nacida en 1798, permite expulsar a extranjeros sin una vista judicial previa.
Desde ese mismo 15 de marzo, el juez federal del Distrito de Columbia, James Boasberg, mantiene bloqueada la aplicación de dicha ley, lo que lleva al propio Trump y a miembros de su Gobierno a pedir su destitución, poniendo en cuestión la separación de poderes en EE. UU.
Está previsto que un tribunal de apelaciones escuche este lunes 24 los argumentos del Departamento de Estado para la impugnación de la restricción temporal de Boasberg.
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