El gobierno de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, solicitó este lunes 12 de mayo a la Corte Suprema de Justicia que le permita reanudar las deportaciones de casi 200 migrantes venezolanos detenidos en Texas, e instó al alto tribunal levantar una orden del mes pasado que suspendió temporalmente la expulsión de migrantes sujetos a la Ley de Enemigos Extranjeros.
En un nuevo documento judicial, John Sauer, procurador general del Departamento de Justicia, declaró que algunos de los 176 migrantes detenidos, presuntamente asociados con la banda criminal Tren de Aragua, han demostrado ser especialmente peligrosos para mantenerlos en detención prolongada.
Según el documento, un oficial de campo del Departamento de Seguridad Nacional describió un incidente reciente en el que 23 de los migrantes detenidos se atrincheraron en una unidad de vivienda durante varias horas y amenazaron con tomar rehenes y dañar a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
El “incidente”
El suceso tuvo lugar en el Centro de Detención Bluebonnet en Anson, Texas, según el expediente, donde un dron capturó recientemente una vista aérea de detenidos enviando un mensaje de “SOS”. Los detenidos involucrados en el presunto incidente de atrincheramiento fueron reubicados en otro centro en Texas, según el expediente.
“Además, el traslado de estos prisioneros a otras instalaciones crea riesgos constantes de reclutamiento en prisiones y la expansión de las actividades de la pandilla Tren de Aragua dentro de Estados Unidos”, señaló Sauer. Argumentó que el grupo debería ser expulsado del país “sin demora”.
El expediente se presenta menos de un mes después de que la Corte Suprema emitiera una inusual orden judicial que prohibió temporalmente al Gobierno usar la Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar las deportaciones.
Menos de dos semanas antes, el alto tribunal autorizó temporalmente el uso de la ley por parte del Gobierno, pero declaró que quienes están sujetos a ella deben recibir la notificación adecuada para que puedan impugnar sus deportaciones bajo la ley del siglo XVIII.
La Casa Blanca alega que las personas que ha deportado bajo esta ley son miembros peligrosos del “Tren de Aragua”, pero las pruebas que lo demuestran son escasas. Abogados del Gobierno han citado tatuajes en inmigrantes o ropa relacionada con pandillas en documentos judiciales para alegar criminalidad.
Las confusas órdenes de la Corte Suprema sobre la Ley de Enemigos Extranjeros han aportado poca claridad sobre su uso, y desde entonces varios jueces federales de menor rango también han impedido que el Gobierno lleve a cabo deportaciones bajo esta antigua norma.
Fuente: CNN en Epañol
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