Los opositores venezolanos introdujeron ayer una denuncia penal en contra del gobierno de Nicolás Maduro, Sala constitucional de TSJ y el Poder Electoral por intentar cambiar de forma abrupta la Constitución. En otro punto el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami anunció que una vez electa la Asamblea Constituyente, la Fiscalía pasará a manos de un “patriota que haga justicia”
Miembros de la oposición venezolana introdujeron el día de ayer una “denuncia penal” en la Fiscalía contra el presidente Nicolás Maduro, los magistrados de la Sala Constitucional del Supremo y las rectoras del Poder Electoral por intentar cambiar “violentamente” la Constitución.
Desde la sede de la Fiscalía en Caracas, el diputado Tomás Guanipa, en nombre de la alianza, aseguró que estos funcionarios “han incurrido en un delito muy grave de violación de la Constitución” que, citando el Código Penal venezolano, señaló que deben ser castigados quienes “conspiren o se alcen para cambiar violentamente la Constitución”.
En ese sentido, el vocero opositor resaltó que el documento que entregaron en la Fiscalía pide que “se abra un proceso penal de investigación” contra estos funcionarios.
Un grupo de exfiscales, abogados y jueces que sirvieron durante el gobierno del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, acudió también al Supremo para adherirse al recurso de nulidad interpuesto por la fiscal general.
El exfiscal general José Benigno Rojas dijo a los medios que este grupo de juristas decidió “aceptar” el llamado de Ortega a sumarse al recurso legal que pide se anulen las decisiones del Poder Electoral de convocar a elecciones para llevar a cabo una Asamblea Nacional Constituyente.
“Quienes tuvimos durante muchos años la responsabilidad enorme e histórica de atender casos y de resolver muchas situaciones jurídicas, hemos decidido aceptar este llamado y nos hemos reunido en un conglomerado jurídico a nivel nacional”, dijo Rojas, alegando la presencia de 43 fiscales que quieren “hacer parte como terceros interesados”.
Los exfuncionarios sin embargo no pudieron consignar el documento porque el tribunal competente para recibir el documento amaneció cerrado.
Los alrededores de la sede judicial estuvieron bloqueados por equipos antidisturbios y efectivos de seguridad.
Esta situación fue advertida desde tempranas horas de la mañana por varios voceros de la oposición, quienes a través de las redes sociales denunciaron que los accesos al TSJ estaban bloqueados por camiones de la Guardia Nacional.
El vicepresidente ejecutivo, Tareck el Aissami, ha puesto fecha a la salida de la fiscal general del Ministerio Público, una vez que la Asamblea Constituyente sea electa y tenga la facultad de dictar decisiones por encima de cualquier otro poder del estado constituido.
“Dentro de 51 días esa Fiscalía estará en manos de un patriota o una patriota que haga justicia”, dijo en un mitin gubernamental.