El presidente de la AN, Henry Ramos Allup, advirtió que la Sala Constitucional “podrá dar instrucciones a su pandilla de lacayos”, pero no a la Asamblea “electa por el pueblo”
El único desacato que se ha producido en Venezuela es el del TSJ que ha desconocido la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas de manera multitudinaria el 6 de diciembre del 2015 al seleccionar una Asamblea Nacional de mayoría opositora en búsqueda de salidas democráticas a la grave crisis en que la revolución ha metido a la nación.
El régimen de Nicolás Maduro ha hecho llegar al TSJ a tales niveles de concusión que una vez que termine este lamentable período de la vida venezolana, todos sus miembros, porque el nombre de magistrados les queda bien grande, tendrán que responder a la justicia por las violaciones que han propinado a la Constitución.
Las piezas de ese tablero de la justicia venezolana han sido nombradas ilegalmente según el dictamen de la AN, por no aplicar la mayoría de los escogidos a los requerimientos que establece la Constitución para ser magistrados, y en recompensa le han tendido al régimen las sábanas en la “cama” donde han manoseado, mancillado y violado el texto legal de la nación, desde el Presidente de la República hasta los personeros de los principales poderes del país y altos funcionarios de la administración pública.
Ni siquiera en los gobiernos dictatoriales de Gómez, ni del mismo Pérez Jiménez Venezuela, observó en la antigua Corte Suprema de Justicia tan aberrantes pisoteos de las leyes como el que ha caracterizado a este tribunal revolucionario de justicia. Entonces guardaban, por lo menos, las formalidades.
La más reciente “plasta”, utilizando el calificativo que le aplicó Chávez al TSJ, la acaban de colocar con su sentencia, mediante la cual prohíben convocar y realizar actos que alteren el orden público, así como instigaciones contra autoridades y poderes públicos, la continuación del juicio político contra el presidente Maduro por parte de la AN y hasta la emisión de opiniones contra funcionarios del régimen.
Con esta sentencia se llevan por los cachos los artículos 68 y 57, 58 de la Constitución que establecen el derecho a manifestar pacíficamente y la libertad de expresión e información, consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El TSJ en lugar de defender los intereses del pueblo, defiende los del régimen.
A esta decisión del TSJ el presidente de la AN, Henry Ramos Allup, advirtió que la Sala Constitucional “podrá dar instrucciones a su pandilla de lacayos”, pero no a la Asamblea “electa por el pueblo”. ¿Quién desacata a quién?
diciembre 7, 2024
