El Gobierno colombiano no utilizó a las instituciones del Estado para que actuaran en favor del acuerdo con las FARC ni mandó a perseguir y atropellar al expresidente Uribe
Lo sucedido durante el reciente fin de semana en Colombia, cuando parte de esa hermana nación acudió a las urnas para pronunciarse sobre el acuerdo de paz suscrito entre los representantes de las FARC, levantada en armas contra el Gobierno colombiano desde hace más de 50 años, y el presidente de Colombia Juan Manuel Santos, debe llamar la atención de los países del mundo que se siguen haciendo los locos con la grave crisis política, económica y social que vive Venezuela, devenida en crisis humanitaria y de salud que el régimen de Nicolás maduro se niega a declarar.
Es de destacar el hecho de cómo, en menos de un mes la República democrática de Colombia anuncia a la nación la realización de un plebiscito mediante el cual los colombianos se pronunciaran si aceptaban los términos del acuerdo firmado por su presidente con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ese país, o lo rechazaban. Y ese tiempo fue suficiente para que las autoridades electorales organizaran un proceso de consulta a la nación, que tiene casi el doble de la mitad de habitantes que tenemos en Venezuela.
En nuestro país, unas autoridades electorales con el título de rectoras se han dado el lujo de tenernos en ascuas a los venezolanos que estamos exigiendo desde hace más de seis meses la realización de un referendo revocatorio, Las fulanas rectoras, muy bien calificadas por el presidente de la AN como las comadres, han violado y siguen pisoteando la Constitución de la República en sus actuaciones al frente de ese organismo que está hecho es para facilitar la expresión del pueblo venezolano en las urnas, y nunca para servir de soporte a un gobierno que incluso, ha perdido su legitimidad de origen por sus prácticas antidemocráticas y dictatoriales.
En Colombia, como era de esperarse, surgieron los bandos a favor o en contra del acuerdo, encabezados por el gobierno de Juan Manuel Santos, y los que lo rechazaban e invitaban al pueblo a votar en contra, liderados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
El Gobierno colombiano no utilizó ( jamás lo permitirían) a las instituciones del Estado para que actuaran en favor del acuerdo con las FARC ni mandó a perseguir y atropellar al expresidente Uribe, como sí ha sucedido en Venezuela, donde hay decenas de presos políticos y dirigentes perseguidos y hostigados por el “delito” de trabajar afanosamente en la realización del referendo revocatorio. Han llegado al colmo de sembrarle a varios líderes políticos de la oposición, hasta explosivos y otras evidencias. El régimen y sus rectoras del CNE deben sentir vergüenza.