El papel de la Iglesia católica el 23 de enero de 1958, fue protagónico y conciliador, tal cual como está preestablecido en la doctrina social de la Iglesia
El engendro heredero, tiene como misión visceral, ofender y descalificar a todos aquellos que por convicción ideológica o ética se oponga a sus caprichos, uno de ellos perpetuarse en el poder. La Iglesia católica, que tiene una aceptación nacional, según todas las encuestas, superior al 70 % (60 % más que el engendro y 65 % más que la FANB) recibe por parte del régimen descalificaciones e insultos, por la crítica permanente que la CEV viene realizando por la forma cómo el engendro ha convertido a la población, en miserables a unos, y en delincuentes a otros.
La Iglesia católica en Venezuela, ha sido de gran verticalidad espiritual y moral por la defensa de la democracia, de las libertades, de los DDHH, y para preservar la paz entre los ciudadanos. El papel de la Iglesia católica el 23 de enero de 1958, fue protagónico y conciliador, tal cual como está preestablecido en la doctrina social de la Iglesia y que han sido configuradas históricamente en las encíclicas papales; en ellas, no solo se fija una posición desde el punto de vista ecuménico de la relación hombre-sociedad, sino sobre el significado de la socialización, de la democracia, del diálogo, del desarrollo, de la participación y humanización y se determinan patrones de acción de los pastores de la Iglesia.
La Iglesia católica tiene el rol de defender, sin ser “actor político”, el ordenamiento jurídico en el país. El cardenal Urosa Savino tiene la autoridad moral de llamar la atención sobre los problemas del país, sobre todo, para referirse a la juventud y a la delincuencia que está solapando la paz e imponiendo el terror. En la Encíclica “Pace in Terris” del papa Juan XXIII, se manifiesta la necesidad de los gobernantes de trabajar por la paz; “deben actuar y resolver las dificultades que surjan con procedimientos y medios idóneos, ajustados a las funciones específicas de su competencia y a la situación actual. El Poder Legislativo tiene, en el constante cambio que la realidad impone, de no descuidar jamás las normas morales, las bases constitucionales del Estado y las exigencias del bien común. En segundo lugar, que la administración pública resuelva todas las cosas en consonancia con el derecho, respetando la legislación vigente. Por último, que el Poder Judicial dé a cada cual su derecho con imparcialidad plena y sin dejarse arrastrar por presión de grupo alguno”. Por eso la Iglesia fija de manera contundente su posición.