Ante un Gobierno que se coloca al margen de la Constitución, el pueblo se aparta también de las normas constitucionales que reglan la sucesión gubernativa y empleando la fuerza derroca a quienes dirigían el Estado, tiranizándolo
El derecho a la desobediencia establecido en el artículo 350 de la Constitución, es el derecho de legítima defensa contra el despotismo en salvaguardia de la libertad, que comúnmente deja una amarga consecuencia: Ante un Gobierno que se coloca al margen de la Constitución, el pueblo se aparta también de las normas constitucionales que reglan la sucesión gubernativa y empleando la fuerza derroca a quienes dirigían el Estado, tiranizándolo.
El deseo del legislador parece ser explícito, pero el pueblo aún no se ha comenzado a defender y ya existen ráfagas de humo que nos ciega en torno a estos derechos. La primera se centra en cada interpretación constitucional que señala: “Solo se da la posibilidad de desconocimiento o desobediencia, al ser agotados todos los recursos y medios judiciales, previstos en el ordenamiento jurídico para justiciar un agravio determinado, producido por “cualquier régimen, legislación o autoridad”.
Pero ¿qué sucede cuando el referendo, la revocación del mandato, o las iniciativas legislativas y constituyentes no se logran?, ¿cuál es el verdadero límite en el agotamiento de estos mecanismos? La historia habla por sí misma, aunque se intente el agotamiento de alguno de estos mecanismos, existen condiciones que abren paso al desconocer del pueblo, y van más allá de lo que jurisprudencialmente se ha expuesto.
Aunadas a las peligrosas celebraciones del Ejecutivo sobre el número de detenciones en cada manifestación, se unen los hechos. El número de presos políticos asciende a 114. Ciertas dirigencias se centran solo en este número, pero las amenazas han demostrado ir más allá de una detención arbitraria, desde bombardeos mortíferos, a declaraciones de toques de queda fuera de las razones de ley, la persecución, la satanización de grupos políticos, la discriminación política, hasta la muerte.
Por más que se vea suprimida la cláusula abierta de derechos humanos, los venezolanos a toda marcha vamos a disfrutar del derecho a la huelga, a manifestar, del derecho a la justicia, a la asociación, a la protección contra la detención arbitraria, del sufragio, del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y de todos los derechos civiles. Luchamos cada vez más apegados a los “valores, principios y garantías democráticas” fieles a nuestra “tradición republicana” porque de la justicia no tienen nada que temer los pueblos, sino los que se resisten a ejercerla (José Martí).