Nuestro principal y más grave problema actual es el Estado y el régimen usurpador, que en mala hora mantiene secuestrada las instituciones. De allí la necesidad de lograr la ayuda humanitaria. Se requiere paciencia, prudencia e inteligencia. Vamos bien y estamos cerca
“De los fundamentos del Estado se deduce evidentemente que su fin último no es dominar a los hombres ni acallarlos por el miedo o sujetarlos al derecho de otro, sino por el contrario liberar del miedo a cada uno para que, en tanto sea posible viva con seguridad”. B. Spinoza.
La Constitución nacional vigente en nuestro país establece taxativamente en su artículo No. 322 que “La seguridad de la nación es competencia esencial y responsabilidad del Estado…”, y en su artículo No. 324 consagra que “Solo el Estado puede poseer y usar armas de guerra”, dando a la Fuerza Armada Nacional la competencia para “Reglamentar y controlar la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, tránsito, registro, control, inspección, comercio, posesión y uso de otras armas, municiones y explosivos”.
Esas disposiciones de carácter general están pensadas para un país con grandes virtudes ciudadanas, donde los principios democráticos y el correspondiente respeto a los derechos humanos están garantizados de manera ordinaria y consuetudinaria para toda la población, no para aquellos países donde las tiranías mezclan las escrituras celestiales con los afanes materialistas y con los ideales de los libertadores. Aquellos donde se habla con rimbombancia para los ignorantes sin culpa y los miserables con intelecto, pero sin honor.
Imaginemos ahora esa gran responsabilidad y esa gran oportunidad de negocios, en forma monopólica en manos de un Estado forajido, con sus instituciones fundamentales maleadas y dirigidas por bandas de delincuentes, en alianza con socios de igual o peor calaña de carácter internacional, como ocurre en Venezuela, para que nos demos cuenta lo difícil que nos ha resultado rescatar nuestra democracia, y con ella la ansiada libertad, y porque se hace indispensable en esta trágica situación, solicitar la ayuda de una coalición internacional conformada por países democráticos, con igual o mayor poder de fuego y control social que la delincuencia organizada, que se ha apoderado y expoliado las riquezas y la moral de la nación.
El descalabro institucional y nuestras deplorables condiciones de vida son evidentes. El ambiente es asfixiante, irrespirable, y el desespero que siempre aconseja mal, cunde ante la orden de exterminio oficial. Oponerse a la ayuda humanitaria que viene para asistir a una población desvalida y necesitada, someterla a condiciones infrahumanas, con un apagón eléctrico inducido por los maleantes en el poder, ordenar, organizar y ejecutar saqueos destructores de bienes esenciales, insumos, equipos productivos, muebles e inmuebles, no solo es un acto criminal, sino macabro, que busca someter a un pueblo que se resiste a la imposición de la diablocracia oficial y a la continuación de quienes dirigen un Estado convertido en malhechor.
Nuestro principal y más grave problema actual es el Estado y el régimen usurpador, que en mala hora mantiene secuestrada las instituciones. De allí la necesidad de lograr la ayuda humanitaria, no solo para atender a una población hambrienta y enferma, sino también para desalojar las bandas organizadas que han mancillado el suelo patrio y avergonzado el gentilicio de los venezolanos de bien.
Los demonios en el poder tienen nombres y apellidos. Son conocidos dentro y fuera del país por sus despiadadas acciones. Ellos no podrán ser exonerados de juicios terrenales ni divinos, ni mucho menos absueltos por la historia. El infierno descrito por Dante ilustra muy bien lo que les espera. Se requiere paciencia, prudencia e inteligencia. Vamos bien y es