El Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) aprobó un crédito por 482,5 millones de dólares al Banco Central de Venezuela “en línea con su propósito de contribuir a la estabilidad económica regional”, informó ayer este organismo
El Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) aprobó un crédito por 482,5 millones de dólares al Banco Central de Venezuela “en línea con su propósito de contribuir a la estabilidad económica regional”, informó ayer este organismo con sede en Bogotá.
El préstamo, por un periodo de tres años, fue aprobado el pasado 22 de julio por el Directorio del FLAR, explicó la entidad en un comunicado.
“Todos los aspectos específicos al préstamo quedarán plasmados en un acuerdo que se firmará próximamente”, agregó la información, que no da detalles del destino de los recursos pues “es respetuoso de los requisitos legales y políticas internas de endeudamiento externo con las que cuenta cada país, como es el crédito en cuestión”.
En este caso, el Banco Central de Venezuela confirmó al Directorio del FLAR que el Tribunal Supremo de Justicia de ese país revisó la autonomía con la que cuenta para contraer un crédito externo “y lo autorizó a suscribir préstamos con el Fondo Latinoamericano de Reservas”, añade el comunicado.
“El Directorio del FLAR es respetuoso de la soberanía e institucionalidad de cada uno de los países miembros y, por lo tanto, no es su facultad pronunciarse al respecto”, subrayó la entidad.
Requiere permiso de la AN
Lenys Moreno. José Guerra, diputado de la Asamblea Nacional (AN), expresó que los funcionarios que suscriban endeudamiento en moneda extranjera, deben contar con la autorización del Parlamento, de lo contrario, enfrentarán la justicia. Especificó sobre el caso del presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), quien intenta firmar un préstamo por un millardo de dólares con el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) sin previa autorización de la AN, y recalcó que prestaciones de este tipo son nulas, debido a que se trata de asuntos de interés nacional. “Una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia no puede estar por encima de lo que claramente establece la Constitución, al facultar al Parlamento a darle el visto bueno a las operaciones de endeudamiento”.