La remoción de la alta funcionaria debería contar con el aval del Parlamento, cuyos representantes ya enfatizaron que no la aprobarán. A partir de la notificación formal, quedan 30 días exactos, después de los cuales deben hacer la audiencia para decidir si Ortega Díaz va o no a juicio
La decisión ya está tomada. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó un antejuicio de mérito contra Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, y con ello, se activa la alerta de un proceso que podría acarrear su destitución. Se cumple así la advertencia de expertos que alegan que los últimos pronunciamientos de la alta funcionaria la convierten en un nuevo blanco del Gobierno por considerarla una amenaza. No descartan que el Poder Judicial esté preparando el terreno para poner la remoción a cargo de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
“El objetivo del TSJ es claro. Apartar del juego a Luisa Ortega como fiscal general de la República porque ella defiende la Constitución del 99, porque no avala la ilegítima constituyente, ni la violación sistemática de asesinatos con armas de fuego por parte de la guardia nacional. El antejuicio es como una especie de acto preparatorio para buscar su destitución. Legalmente, deben enviar el expediente a la Asamblea Nacional (AN) para que ésta autorice o no el enjuiciamiento, pero en lugar de esto, seguro lo enviarán a la ANC, alegando que el Parlamento está en desacato”, declaró José Vicente Haro, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional (AVDC), quien agregó que Pedro Carreño, diputado de la AN por el PSUV y quien hizo la solicitud contra la fiscal, no tiene la legitimidad para requerir tal medida. Según el artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP), debería ser el vice fiscal o el Parlamento, pero por medio de un representante legalmente designado.
Diputados de la AN con mayoría opositora ya recalcaron que no avalarán la exclusión de Ortega. En entrevista con La Verdad, el presidente de la AVDC, explicó que los lapsos de la constituyente coinciden con el proceso. Luego de la notificación formal, quedan 30 días exactos, después de los cuales deben hacer la audiencia en la que decidirán si la funcionaria va o no a juicio. “La decisión puede tomar una semana o hasta una noche como nos tiene acostumbrados el TSJ. En menos de dos meses habrá un fallo, casualmente el tiempo que queda para la elección de la constituyente ilegítima y servir en bandeja de plata la cabeza de la fiscal general para que la ANC pueda destituirla”.
Blanca Rosa Mármol, exmagistrada del TSJ y miembro del Bloque Constitucional de Venezuela, expuso que el antejuicio atenta contra la autonomía de la Fiscalía como Poder Público del Estado. De aprobar la remoción sin la consideración de la AN, el TSJ estaría incurriendo en usurpación de funciones. Haro precisó que infringiría los artículos 2, 42 y 274 de la Carta Magna.
“Es una venganza del régimen por la posición que asumió la fiscal en defensa de la constitucionalidad y de los derechos humanos. Es realmente vergonzoso. Indudablemente, la intención es destituirla”, dijo Mármol a este rotativo.
¿Qué es un antejuicio de mérito?
Es un proceso de la Sala Plena del TSJ para declarar si hay o no mérito en enjuiciar a un funcionario público. Luego, remite los actos al tribunal ordinario o figura competente. De corroborarse la causa, continuará hasta la sentencia definitiva. Es aplicable al Presidente de la República, al vicepresidente, miembros de la AN o del propio Poder Judicial, ministros, contralor general, defensor del pueblo, gobernadores, oficiales y almirantes de la FANB y jefes de misiones diplomáticas.
La medida contra la fiscal es por presunto:
-Incumplimiento o negligencia en el ejercicio de sus funciones y deberes.
-Por irrespetar al Consejo Moral Republicano y por hechos graves, que sin ser delitos, ponen en peligro su imparcialidad y credibilidad.
-Porque sus decisiones incurren en grave e inexcusable error cometido en sentencia.
-Por actuar con grave e inexcusable ignorancia, de la Constitución, de la ley y del derecho.
-Por violar, amenazar o menoscabar los principios fundamentales establecidos en la Constitución.