Después de 20 años en el poder del régimen chavista-castrista-militarista, la sociedad venezolana atraviesa por la crisis política, económica, social y moral más grave de nuestra historia contemporánea
A partir de este momento, todos los venezolanos investidos o no de autoridad, tenemos el deber de colaborar en su superación lo antes posible, pues están en peligro derechos humanos fundamentales.
Después de 20 años en el poder del régimen chavista-castrista-militarista, la sociedad venezolana atraviesa por la crisis política, económica, social y moral más grave de nuestra historia contemporánea. En Latinoamérica en el último medio siglo, no hay precedentes de una crisis similar.
En consecuencia, a partir de este momento, todos los venezolanos investidos o no de autoridad, tenemos el deber de colaborar en su superación lo antes posible, pues están en peligro derechos humanos fundamentales, desde el derecho a la vida hasta el libre desenvolvimiento de la personalidad.
En esta grave crisis, el primer reto a enfrentar es el político-institucional, que todos coinciden en afirmar, que es prioritario para poder tener éxito en lo económico, lo social y lo moral. Desde el punto de vista político-institucional, Venezuela tiene un régimen no democrático, que camina aceleradamente del autoritarismo consolidado a la autocracia totalitaria.
Dejamos de ser una República regida por un Estado de derecho, para convertirnos en una vulgar dictadura, en una monocracia cívico-militar, inconstitucional e ilegítima. La crisis institucional venezolana es de tal magnitud, que uno solo de los cinco poderes establecidos en la Constitución es actualmente legítimo: el Poder Legislativo. El resto de los poderes, (Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral) están al margen de la Constitución y la ley y exhiben una ilegitimidad grotesca de origen y de desempeño.
Y el colmo de un régimen que no cree en la soberanía popular, que no admite el pluralismo político ni la autonomía de los poderes, es la elección inconstitucional, ilegítima y fraudulenta de una Asamblea Nacional Constituyente, no para elaborar una nueva Constitución que nadie solicita, sino para sustituir al único poder legítimo que tiene hoy el Estado venezolano, pues el régimen resultó en minoría en su elección constitucional y legítima.
Y el grado de ilegitimidad e inconstitucionalidad de ese cuerpo ha llegado a tal, que mediante un decreto constituyente ha asumido poderes supraconstitucionales, que la colocan por encima de la Constitución de 1999, violando nuevamente el artículo 347 de la Constitución.
En consecuencia, Venezuela es hoy, una monocracia dictatorial al margen de la Constitución y el Estado de derecho, que cada vez mayor número de países se niegan a reconocer. Dentro de este proceso de inconstitucionalidad e ilegitimidad creciente, el 10 de enero de 2019, Nicolás Maduro usurpó el cargo de Presidente de la República, agravando aún más la crisis político-institucional de Venezuela, pero en contrapeso, el 5 de enero el único poder legítimo de Venezuela, el Legislativo, designó a sus nuevas autoridades y dio a conocer un conjunto de iniciativas para encarar este grave reto político-institucional, contando con la participación de los ciudadanos investidos o no de autoridad, que tenemos el deber de luchar por la restitución del orden constitucional desde la calle o desde donde sea necesario. Continuaremos.