La ley fue aprobada por la Asamblea Nacional electa en el 2020 a través de un escándalo de corrupción que involucra a Pdvsa y otras instituciones del Estado, en las que fueron detenidas 61 personas, entre ellos funcionarios
El país aprobó una ley para recuperar bienes del Estado que se perdieron como consecuencia de la corrupción, una norma que, según expertos, debió redactarse después de realizar cambios en el Sistema de Justicia, para evitar que sea usada para “atacar, perseguir y amenazar” a cualquier persona cuyas propiedades fueron obtenidas de forma ilícita o no.
Esta ley fue aprobada por la Asamblea Nacional (AN) 2020 en medio de un escándalo por tramas de corrupción reveladas recientemente, que involucran a Pdvsa y otras instituciones del Estado, por las que fueron detenidas 61 personas, entre ellas varios funcionarios.
La directora ejecutiva de la oenegé Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, explicó a EFE que congelar y recuperar bienes y recursos relacionados con la corrupción es un asunto “importante”, por lo que, previamente, debería haberse modificado el sistema judicial.
“No significa que cualquier ley se pueda aprobar ni tampoco en cualquier condición de país. Para tener una ley de extinción de dominio, lo primero que nosotros necesitamos es un Sistema de Justicia autónomo, independiente y con capacidad”, apostilló.
Para De Freitas, la Justicia venezolana no cuenta con ninguna de estas tres características, una afirmación recogida en informes de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y la Misión de Determinación de Hechos.
La experta recordó, además, que en la lista de detenidos recientemente por las tramas de corrupción, hay jueces de “altísimo nivel”.
Corrupción sistemática
El pasado 28 de abril, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró constitucional la Ley de Extinción de Dominio, al argumentar que “contiene normas que buscan fortalecer las capacidades del Estado para combatir con eficiencia estas prácticas delictivas”.
De Freitas sostuvo que, en Venezuela, la corrupción es sistémica “y se produce porque no hay separación de poderes, porque no hay un sistema judicial que haga su tarea con independencia ni una Contraloría que haga su trabajo con independencia”.
“El problema es cambiar el sistema que está permitiendo que esos casos se produzcan, y agregar la Ley de Extinción de Dominio en este sistema permisivo y que garantice la impunidad de la corrupción significa un elemento más que aumenta los riesgos de que el poder abuse de lo público y lo privado, en este momento, para su beneficio personal”, apostilló.
Por su parte, la oenegé Acceso a la Justicia manifestó su temor a que la normativa se use para “atacar, perseguir y amenazar” a cualquier persona cuyos bienes sean obtenidos de forma ilícita o no.
“Pese a que la propuesta presentada por el Gobierno venezolano es una copia de la Ley Modelo de la ONU, es peligrosa en un país como Venezuela y muy fácilmente puede aplicarse con fines distintos a aquellos para lo que fue concebida”, señaló.
Entrega de recursos sin garantías
El diputado oficialista Diosdado Cabello, principal impulsor de esta ley, explicó que los recursos recuperados serán destinados al sistema de protección social, los servicios públicos, la infraestructura pública, programas de atención y reparación de víctimas de actividades ilícitas y a las instituciones encargadas de combatir la corrupción.
La organización subrayó que el texto no indica los mecanismos que serán empleados para garantizar que los bienes recuperados sean realmente entregados a beneficio de la población.
“Debe recordarse que en Venezuela ni siquiera se conoce el presupuesto público ni los poderes del Estado rinden cuentas, por lo que cabe preguntarse cómo se garantiza que esos bienes realmente sean invertidos en el país”, añadió.
En este sentido, De Freitas recordó que desde hace, al menos, siete años, no se publican informes de gestión de los órganos del Estado, lo que también es un elemento que puede propiciar la corrupción.
Señaló que el manejo de los recursos públicos se hace con “absoluta opacidad”, por lo que, dijo, no hay garantías de que los bienes recuperados se destinen a atender las necesidades “urgentes” de la población.
“La lista de necesidades es urgente, es infinita, requiere atención, pero se requiere que los fondos del Estado sean manejados sin discrecionalidad, con efectividad, con transparencia y con sistemas de control anticorrupción”, agregó.
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diciembre 5, 2024
