En el hospital José Gregorio Hernández de Los Magallanes de Catia, en Caracas, se registró una irregularidad debido a que a las enfermeras de ese centro de salud les fue negado el acceso a jeringas para colocar tratamiento
Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, denunció la destitución de varios de sus compañeros que participaron en las protestas que se realizaron desde junio pasado en varios estados del país exigiendo mejores salarios y denunciando múltiples irregularidades en el sector.
La gremialista destacó en rueda de prensa que los trabajadores de la salud que aún permanecen en sus puestos de trabajo son “fuertemente agredidos” por representantes del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), quienes supuestamente se valen de cualquier excusa para echar a los empleados.
Detalló que solo por llegar tarde al sitio de trabajo “han destituido a ocho profesionales en el Hospital Miguel Pérez Carreño de Caracas”.
Indicó también que fueron destituidos otras 12 en el estado Lara y que “además hicieron renunciar de manera forzosa a la licenciada Jennifer Serpa” a su cargo en el hospital en el que trabajaba por “ser una de las líderes” de las protestas en ese estado. A Serpa la amenazaban con llevarla “presa”.
Existen reportes de “procedimiento de destitución” contra los profesionales de la salud en estados como Trujillo y Vargas, mientras que en Táchira la situación de crisis en el país llevó a que una enfermera atiendan cuatro unidades de servicios con capacidad para 40 pacientes cada área.
Mala intención
El pasado 10 de diciembre, en el hospital José Gregorio Hernández de Los Magallanes de Catia, en Caracas, se registró otra irregularidad debido a que a las enfermeras de ese centro de salud les fue negado el acceso a jeringas para colocar tratamiento.
Contreras señaló que las enfermeras llevaban dos días sin colocar tratamiento a 85 pacientes, cinco de los cuales tenían “condiciones críticas”, por falta de jeringas, mientras en el depósito manejado por la secretaria y el director del hospital, había “66 mil” inyectadoras.
“Queremos solicitar una averiguación disciplinaria en contra del doctor Juan Carlos Marcano, director del Hospital Los Magallanes de Catia y de la jefa del depósito porque puso en riesgo la vida de los pacientes que durante dos días no se le pudo administrar su tratamiento”, apuntó.
Pidió a la Fiscalía, al defensor del Pueblo y al Ministerio de Salud investigar esta situación y aseguró tener pruebas de la denuncia. Instó a los usuarios de los hospitales a constituir “comités” para que exijan a los directores de estos centros que muestren los depósitos para confirmar de cuánto material disponen.
La enfermera, que convocó a todo el gremio de enfermería el pasado 25 de junio a protestar por la falta de materiales médicos y los bajos salarios, exigió también al Gobierno explicar dónde están las donaciones que hizo la Organización Panamericana de la Salud para atender la “grave crisis del país”.
Los hospitales públicos de Venezuela viven desde hace años una difícil situación que se agudiza en el último año en medio de la profundización de la crisis económica, pues algunos presentan estructuras colapsadas, fallos de agua, luz, equipos y la falta de medicinas y materiales médicos.