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El tema de la delimitación de las fronteras terrestres y marítimas es un tema delicado que debe resolverse de manera equilibrada pero firme, y para ello es necesario poder definir una política de Estado, en la que deben considerarse los aportes que forman parte del patrimonio histórico que ha caracterizado la actuación venezolana durante décadas, e incorporar la participación de los negociadores del pasado, de los académicos y especialistas que conocen los alcances jurídicos y del Derecho Internacional, de los dirigentes políticos, de los militares y de la opinión pública en general.
En el tema de fronteras la actual Administración ha ido de un extremo al otro: inicialmente pecó por defecto, ya que la “diplomacia bolivariana” no actuó jurídicamente cuando debía hacerlo, para luego asumir una decisión que se ubica en el otro extremo, para pecar por exceso con el Decreto aprobado. La torpeza de los alcances del Decreto, ha unido a países vecinos como Guyana y Colombia, quienes han emitido notas de protesta y anunciado que procuraran otros mecanismos que aclaren la nueva definición arbitraria. Otros países vecinos como Surinam o la Guayana Francesa, se sienten igualmente afectados, pero a pesar de su malestar no han reaccionado públicamente todavía, a lo que se suma el descontento de las Antillas Neerlandesas, que también se consideran afectadas por el tono de la definición.
Lo cierto es que si no se lleva el tema fronterizo con la necesaria cautela, y en la próxima reunión de la Asamblea Nacional ya anunciada, se procede a usar un lenguaje guerrerista, sin tener en cuenta la preocupación de nuestros vecinos, sería muy grave.
Pero si ante el creciente deterioro del Gobierno por la crisis humanitaria, económica, social, política e institucional, se procura crear una cortina de humo para obtener respaldos “patrióticos”, se corre un riesgo mayor, porque además de poner en peligro nuestras fronteras, repetiría errores de gobernantes como Videla con Las Malvinas, cuyos resultados fueron desastrosos. La delimitación arbitraria fijada, lejos de defender nuestra soberanía, más bien pone en riesgo las legítimas aspiraciones fronterizas de Venezuela, por lo que es necesario que se revise con mucho cuidado el rumbo emprendido y se convoque a todos los sectores del país para encontrar una posición común.