Francisco Garduño asume cargos por el ejercicio ilícito del servicio público y por no garantizar la seguridad de los migrantes que estaban en la estación migratoria el 27 de marzo
Un juez mexicano decidió este domingo abrir juicio contra Francisco Garduño, funcionario del Instituto Nacional de Migración (INM) por su responsabilidad en el incendio en un centro migratorio en Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo.
“Estoy vinculado a proceso, el juicio no se termina, sigo yo en la condición constitucional de guardar silencio, no hacer declaraciones en relación al proceso. Me sigo acogiendo a la garantía constitucional”, dijo el funcionario a la salida de la audiencia.
Garduño enfrenta así la acusación de la Fiscalía General de la República quien presentó cargos contra el funcionario federal por el ejercicio ilícito del servicio público y por no garantizar la seguridad de los migrantes que estaban en la estación migratoria.
El titular del INM aseguró también que seguirá al frente de su cargo mientras no se decida lo contrario, pese a las críticas por su actuación en el incidente.
“Seguiré trabajando en el INM mientras no se determine lo contrario y estaré muy atento a las gestiones para la reparación integral de los daños”, precisó.
El nivel probatorio “es bajo”
Rodolfo Pérez Velázquez, abogado de Garduño, argumentó que el funcionario no tiene responsabilidad penal en el incidente debido a que delegaba la responsabilidad del cuidado de migrantes a otros funcionarios.
Asimismo, explicó que el nivel probatorio “es bajo” y aseguró que presentarán un amparo “no para que no se continúe el proceso sino para que se revise la actuación del juez en esta vinculación”.
El representante legal dijo que no les fue posible presentar algunas pruebas como videos y testigos, por lo que en los próximos 15 días se presentará el amparo.
El juez consideró que Garduño fue omiso en sus funciones ya que tenía que desempeñar protocolos de actuación contra incendios y hacinamientos.
El escrutinio internacional sobre el rol del Gobierno de México y el INM creció tras el incendio del 27 de marzo, cuando murieron 6 hondureños, 7 salvadoreños, 19 guatemaltecos, 7 venezolanos y un colombiano, lo que El Salvador consideró un “crimen de Estado”.
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