Elimar Díaz criticó la medida cautelar del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que deja sin efecto siete sesiones de la Asamblea Nacional (AN) correspondientes a los días 26 y 28 de abril, así como al 3, 5, 10, 12 y 17 de mayo
El área socioeconómica y de derechos políticos son las más afectadas tras la medida cautelar del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que deja sin efecto siete sesiones de la Asamblea Nacional (AN) correspondientes a los días 26 y 28 de abril, así como al 3, 5, 10, 12 y 17 de mayo.
El máximo juzgado aprobó la sentencia el 19 de agosto, pero no la notificó, sino hasta este sábado, a pesar de tratarse de un día no laboral para ellos. La acción responde a la solicitud de los diputados del PSUV de invalidar las sesiones por presunto incumplimiento en el Reglamento de Interior y Debate del Parlamento. Al invalidar las referidas plenarias, anularon siete proyectos de ley y reformas de ley; cuatro acuerdos y cinco informes.
En las sesiones abolidas, los diputados aprobaron en primera discusión la ley de Protección del Salario de la Profesión Docente; el proyecto de ley de Protección e Indemnización a Usuarios frente a Fallas de Servicio Eléctrico; la ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, que permitiría devolver las empresas expropiadas a la Costa Oriental del Lago en el Zulia; la ley Aprobatoria del Protocolo de San Luis para estados partes del Mercosur; la ley de Transmisiones Simultáneas, Publicidad Oficial, Medios Públicos, que regularía las cadenas; y la ley que establece la Cátedra de la Paz en Instituciones Educativas.
En segunda discusión, los parlamentarios certificaron la ley Especial para Atender la Crisis Nacional de Salud. También destacan el informe sobre la Viabilidad de Ley de Bono de Alimentación y Medicamentos para Jubilados y Pensionados; otro sobre un Análisis de la Crisis Alimentaria; y el que estudia la desaparición de los mineros de Tumeremo.
Resaltan la moción de censura a Rodolfo Marco Torres, ministro de Alimentación; así como el acuerdo de exhorto del Parlamento al Ejecutivo nacional, al TSJ y al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que respete la Constitución en función de un cambio democrático; y el Acuerdo para Dignificar el Salario Mínimo de los Trabajadores.
Elimar Díaz, diputada de la AN por la MUD, expresó que la medida es una estocada en contra del pueblo.
"Ellos tienen miedo de mostrar las cifras reales en las que vive el país, tienen miedo de una interpelación al ministro de Alimentación, de que tengamos la información que ya nos están dando en los organismos del Estado. Ellos quieren que dejemos de hablar del desabastecimiento, de cómo se les dañaron cinco toneladas de pollo que tuvieron que botar en el Sur del Lago, a pesar de que hay gente que se está muriendo de hambre. Quieren tapar la ayuda humanitaria que necesita Venezuela”, declaró Díaz a La Verdad.
Afirmó que en la AN seguirá trabajando y haciendo caso omiso a las sentencias del TSJ.
Desafío
Cecilia Sosa, exmagistrada del Poder Judicial, calificó como inconstitucional la sentencia del TSJ. Refirió que el desafío de la AN es volver a tomar las mismas decisiones de las plenarias anuladas. “Deben hacerlo en las próximas sesiones. No les queda otro remedio que seguir desafiando al TSJ a que siga protegiendo a un Gobierno en vez de proteger al ciudadano”, dijo.
Fortunato González, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Los Andes (ULA), afirmó que la medida demuestra una vez más, el caos inconstitucional que hay en el país. Indicó que el (Poder) Judicial viola la Carta Magna desde el preámbulo al atentar contra la separación de poderes y contra la voluntad popular representada en la AN. “No hay democracia, pero aún no están todos los elementos para hablar de una dictadura. Podría decirse que hay una anarquía”.