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Observando y analizando un poco los acontecimientos de la Venezuela comandada por la revolución de Hugo Chávez, y ahora por Maduro, es muy fácil llegar a la conclusión que estamos en presencia de lo que se conoce como un Estado forajido, que al mismo tiempo cae en la categoría de Estado fallido.
Según algunos autores, un Estado es fallido cuando presenta una incapacidad manifiesta para interactuar con otros Estados, como miembro pleno de la comunidad internacional. Esta característica la acabamos de ver patentada por el régimen de Nicolás Maduro, en su respuesta ante las acusaciones que acaba de ser objeto el vicepresidente, Tareck el Aissami, por parte del Departamento del Tesoro de los EEUU, acusándolo de vínculos con el narcotráfico, terrorismo y corrupción.
A nuestro modo de ver, la respuesta del Presidente de la República ante un escándalo de esta naturaleza, ante una acusación que no es dirigida contra el Estado venezolano, sino contra uno de sus funcionarios, muy alto, es inadecuada, porque se trata de una solidaridad automática.
Entonces, lo recomendable es ordenar una averiguación y solicitar la información debida a la justicia estadounidense para que sean los órganos investigadores venezolanos quienes concluyan sobre la inocencia o culpabilidad del señalado, a la luz de la verdad. La fiscal general de la República ya ha debido actuar y solicitar una averiguación sobre el caso, y con ello demostrar que actúa con verdadera independencia. Ya sabemos que sus actuaciones no son las más claras ni las que la ley y la naturaleza de su alto cargo recomiendan.
El brazo de la justicia norteamericana, alcanza hasta el hombre más poderoso del país, como es el Presidente, y actúa una vez que tiene todos los elementos de juicio en la mano, y no afirma que los pelos del burro son negros hasta cuando lo tienen agarrado por los bigotes.
Actuando de manera silogística, si los Estados forajidos y fallidos son definidos como “aquellos que tienen gobiernos fracasados, que permiten la violación de los DDHH al igual que la violación del imperio de la ley y son incapaces de sostener el orden legal interno, de suministrar eficientes servicios públicos, manipulan la administración de justicia, impiden la cohesión social, carecen de legitimidad democrática y rendición de cuentas y tienen debilidad económica, política y social para mantener la gobernabilidad, actúan bajo la égida del “derecho de policía” y aplicación del terrorismo de Estado, quedando inmersos en la corrupción y el crimen organizado”.