Entre enero y julio arrestaron a 51 funcionarios. Los cuerpos de seguridad con más detenciones son la Policía regional y la Policía Nacional. Los principales delitos en los que participan los efectivos son cobro de vacuna, robo, extorsión y homicidio. Hasta ahora son pocos los casos que llegan a juicio o reciben condena
Portan armas, visten un uniforme y sobre su pecho tienen una placa que los inviste de autoridad. En los últimos siete meses, los policías olvidaron su juramento de servir y proteger a la comunidad y la atacaron con sus armas. Se corrompieron y se transformaron en delincuentes tan feroces como los que salen a combatir. En cuestión de días, 51 funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad en Zulia quedaron al descubierto y por sus fechorías, ahora están tras las rejas. Hoy, Día Nacional del Policía, los vecinos lamentan los escándalos y piden la intervención de las instituciones corruptas.
Según los casos publicados por La Verdad, a 18 funcionarios los procesaron por robo, a 17 los agarraron in fraganti mientras cobraban el pago de alguna extorsión y a los otros 16 los aprehendieron por homicidios. Las instituciones más golpeadas por la corrupción son: la Policía regional con 18 casos y la Policía Nacional Bolivariana con 15, le siguen las diferentes policías municipales con 13 y la Policía científica con cinco.
A quiénes les cobran vacunas o atacan, a cualquiera. Delincuentes, motorizados sin documentación en regla, comerciantes, carpinteros, a todo aquel que desconoce la ley o tiene miedo a sus amenazas e intimidaciones. Los montos oscilan entre los tres mil hasta el millón de bolívares. Todo dependerá de las agallas del uniformado.
Hasta ahora, no han enjuiciado a ninguno de los detenidos y ninguno ha pisado el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas El Marite, en las audiencias de presentación deciden recluirlos en comandancias policiales.
Desfachatez
El descaro en 2015 deja sin aliento a cualquiera. Los oficiales salen a robar y a extorsionar uniformados y en sus patrullas. A los primeros, los arrestaron en la parroquia Carmen Herrera del municipio Cabimas. Alexander Fernández, supervisor agregado, y Luis Hernández, jefe de unidad de la Policía regional, utilizaron “la unidad policial 236 para llevar a los malandros” frente al local que asaltarían. A todos los agarraron in fraganti el 13 de abril.
El pasado 9 de julio, los policías José Osorio, Darwin José Fernández, Félix Hurtado y Dorly Fernández hicieron pública su inmoralidad. Subieron uniformados a una buseta, sometieron a los 20 pasajeros, los amenazaron y los despojaron de al menos un millón 200 mil bolívares en pertenencias. Escaparon junto a cinco cómplices en una camioneta Hilux, placa 3P00975, identificada con el logo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las siglas de OCAP (Oficina de Control y Actuaciones Policiales). El Ministerio Público solo procesó a quienes atacaron a los pasajeros, sus compinches quedaron bajo investigación.
La directiva de la PNB hace silencio. Se escuda con la frase: “No estoy autorizado para declarar. Se necesita una aprobación de Caracas” para no rendir cuenta a los zulianos. No habían transcurrido ocho días del asalto al transporte público, cuando el Gaes arrestó a los oficiales Leandro Jesús Castillo Castillo (26) y a Néstor Luis Arrieta Vera (26), cuando cobraban la extorsión a unos carpinteros para devolverles unos documentos personales. Por ese procedimiento, tampoco se pronunciaron.
En defensa
Julio Yépez Castro, Secretario de Seguridad y Orden Público, recordó a la comunidad que la corrupción en los cuerpos de seguridad no es nada nuevo, sin embargo, el Gobierno nacional viene trabajando para fortalecer los controles y supervisión de las actividades policiales.
En la actualidad el nuevo modelo policial contempla dos procedimientos para el funcionario que viola la ley. “El primero es colocarlo a la orden del Ministerio Público que realiza la investigación del caso. El segundo es una averiguación administrativa para determinar si tiene méritos suficientes para ser expulsado”.
El general recordó que el año pasado, cuando aún estaba al mando de la Policía estatal, procesaron a 600 oficiales por faltas comunes y graves. Acotó que no se puede generalizar por las acciones de unos pocos. “No podemos casar a una institución completa con las mafias de la región, porque adentro hay hombres y mujeres dispuestos a dar la vida por el bienestar de los demás”.