Corralito, expropiaciones, cheque en blanco para el Gobierno son las preocupaciones que rondan de ser aprobado el decreto de emergencia económica
La magnitud del poder del decreto de emergencia económica propuesto por el Ejecutivo enciende las alertas de los analistas. La Asamblea Nacional es uno de los poderes responsables de aprobarlo, pero la promesa de no entregar un “cheque en blanco” al Gobierno se mantiene intacta.
Sembrado sobre la tesis de la guerra económica, las soluciones tomadas en consideración no atacan el origen de las distorsiones presentadas en el país, explica Alberto Castellano, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de LUZ. “Son errores que vamos a pagar todos los venezolanos porque el Gobierno no va a mejorar en nada la escasez ni los índices inflacionarios, todo lo contrario, lo va a aumentar aún más”.
“Este es un decreto que está hecho para que nosotros no lo votemos”, advirtió Elías Matta, diputado de la AN y miembro de la comisión de diputados que evaluará los alcances del decreto. Como una “nueva Habilitante soterrada” la describe John Magdaleno, analista político, quien considera que no se necesita este tipo de decreto para tomar las medidas en la dirección correcta.
Comisión parlamentaria
Quince diputados serán escogidos esta tarde como integrantes de la comisión parlamentaria especial que tiene como único objetivo, evaluar el alcance y las competencias que el Ejecutivo quiere obtener con el decreto de emergencia económica publicado en la Gaceta Oficial el pasado viernes 15 de enero.
Esta comisión especial estará presidida por el diputado y economista, José Guerra; acompañado de los representantes del estado Zulia, Elías Matta y Omar Barboza. Según adelantó a La Verdad el vicepresidente de la AN, Enrique Márquez, “llamaran a reunión a miembros del Ejecutivo, al sector empresarial y a la ciudadanía, para saber qué piensan del decreto y qué tan pertinente es para el país”.
Alcances del decreto de emergencia
* Alcaldías y gobernaciones en alerta
Los numerales 1 y 2 del artículo 2 exponen que se podrá disponer de los recursos de las partidas presupuestarias del ejercicio económico financiero 2015, además de asignar recursos extraordinarios a proyectos previstos o no en la Ley de Presupuestos. El diputado Elías Matta teme que la Comisión de Finanzas de la AN no pueda intervenir en los asuntos correspondientes al saldo de caja de 2015, un recurso utilizado en las regiones y los municipios a principio de año. También le resulta alarmante que el Gobierno tenga la potestad de hacer las modificaciones que desee en el presupuesto nacional sin antes pasar por la AN. “Puede crear una nueva partida de compra de alimentos, no tiene que hacer licitaciones, lo hace a dedo”.
* Agilización de trámites
Los numerales 4, 5 y 6 del artículo 2 tienen un aspecto en común: Se podría disponer de requisitos de contrataciones públicas, y para importaciones, acciones que acompañadas con medidas para acelerar el tránsito de mercancía comparten el objetivo de agilizar las nacionalizaciones. Así el Estado “decide a quien le compra y seguro hace cualquier modificación con el tema de la importación y los trámites que se necesitan. Hay un conjunto de situaciones, que es una especie de cheque en blanco que se le daría al Gobierno, pero lo que el Gobierno ha hecho hasta ahora no merece nuestra confianza”, explica el diputado Matta. Las convocatorias de licitaciones públicas podrían dispersarse, una práctica que de acuerdo con Castellano ya era común dentro del Gobierno.
* Falta de divisas
El numeral 7 del artículo 2 establece que se podría dispensar de los trámites cambiarios requeridos por el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) y el Banco Central de Venezuela con el fin de agilizar las importaciones. Sobre esto el economista Alberto Castellano objeta: “Si tú no resuelves el problema cambiario de nada sirve que agilices la importación”. La idea de flexibilizar el proceso de nacionalización de productos parece idónea hasta que un hecho se hace presente: El Cencoex aprueba pagos a importadores pero no los liquida, expone el economista. “Estos retrasos llevan a que las empresas internacionales, siendo “mala paga” Venezuela, no les está dando créditos para importar.
* Las expropiaciones
“El Ejecutivo podrá requerir de personas naturales o jurídicas, propietarias o poseedoras de los medios de transporte, de canales de distribución, centros de acopio, beneficiadoras, mataderos y demás establecimientos”, el extracto del numeral 9 del artículo 2 que hace temblar a los empresarios. Elías Matta confía en que esto da entrada a un fuerte intervencionismo por parte del Gobierno. El Estado podría tomar cualquier empresa “bajo el esquema de las requisiciones y esto no es más que más aplicación de controles, más restricción del Estado, que es lo que han venido aplicando los últimos años y es el responsable de lo que está pasando”.
* Posible corralito
El artículo 4 destacó desde el primer momento. Establece que los ministros de Economía y Finanzas podrán efectuar acciones junto con el BCV para establecer límites máximos de egresos e ingresos del bolívar, “así como restricciones a denominadas operaciones y transacciones comerciales y financieras”. Una medida que, de acuerdo con Castellano puede estar ligada a un intento de suavizar la inflación. Acota que más sensato y directo sería el freno a la emisión de dinero inorgánico por parte del ente emisor. Matta opina: “Hay una especie de carta blanca para que el Gobierno restrinja el uso de dinero y eso no es más que un corralito”.