Juan Pablo Molero, representante del movimiento y egresado de la escuela de Ciencias Políticas, manifestó que el rechazo es a la imposición gubernamental al implementar el nuevo sistema de ingreso que asigna en la totalidad los cupos a las casas de estudios
Estudiantes del movimiento estudiantil Vente Venezuela, entregaron un documento en la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu) de la región para rechazar el Sistema Nacional de Ingreso (SNI) en las universidades del país.
Juan Pablo Molero, representante del movimiento y egresado de la escuela de Ciencias Políticas, manifestó que el rechazo es a la imposición gubernamental al implementar el nuevo sistema de ingreso que asigna en la totalidad los cupos a las casas de estudios.
“Las universidades les han dado a la Opsu y al Ministerio de Educación Superior la posibilidad de participar en el proceso de selección pero no se conforman con esa participación, sino que quieren tomar para ellos el uso exclusivo de esta competencia que es asignar el cupo universitario, por eso acudimos acá para entregar un documento donde dejamos en claro la ya conocida pretensión del Gobierno de usurpar funciones cuyo ejercicio le concierne únicamente a la universidad”.
Aseguró que el SNI no representa ningún incentivo, al contrario lo calificó como “peligroso” porque no se compensa como debe ser al esfuerzo y dedicación de los estudiantes de bachillerato. “El Sistema pareciera hacerle un desdeño al esfuerzo de los estudiantes porque el único criterio que tomará el Gobierno para la asignación universitaria es la parte socioeconómica y a lo mejor haciendo abuso de las funciones que tiene, comenzarán a asignar cupos en función de las preferencias políticas de los estudiantes o de su vinculación con una preferencia determinada”.
Falló del TSJ
Molero refutó el fallo del Tribunal Supremo de Justicia que obliga a las universidades del país a cumplir con las asignaciones, aseguró que la medida tendría que ser a favor de las leyes y la legalidad de las instituciones, criticó la parcialidad de los entes encargados de impartir justicia.
“El problema está cuando la justicia no responde a los verdaderos criterios que establece la ley sino que está evidentemente parcializada en un proceso que se puede calificar como de estrecha vinculación entre la política y la justicia, que hace que la justicia sea poco imparcial y poco confiable. En este sentido, pensamos que la medida cautelar no obedece a la observancia de la ley sino que favorece al Gobierno. La Sala Constitucional ha debido fallar a favor de lo que está en la ley y no a favor de un sistema que podemos calificar de paralegal porque está fuera de ese mismo marco comparativos y de los convenios legales que están establecidos entre el Gobierno y las universidades”.