Un grupo de familiares de presos políticos y de personas detenidas bajo la Ley Antiterrorismo protestaron la mañana de este jueves 18 frente a la sede del Ministerio Público (MP), en Caracas, y exigieron al fiscal general, Tarek William Saab, que revise los casos y atienda las denuncias de torturas y tratos crueles que han sido expresadas por los detenidos en múltiples ocasiones.
Bajo los gritos “justicia y libertad” y “luchar por los derechos no es terrorismo”, el grupo entregó un documento al MP, el cual firmaron familiares de 37 presos políticos y en el que piden que cese el empleo de la justicia para penal para la “retaliación por razones políticas y la criminalización de los derechos a la libre expresión, asociación y reunión pacíficas”.
También solicitaron la libertad inmediata de todos los detenidos por razones políticas, que se cumpla la Ley Especial contra la Tortura y se investigue a los funcionarios señalados por estos delitos, “para contribuir a reducir el alto grado de ocurrencia de estos abusos contra los derechos humanos”.
Francis Fernández, esposa del periodista Carlos Julio Rojas, defendió la inocencia del activista y pidió al fiscal general que entregue un informe de la investigación que inició hace tres meses sobre el supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro.
Informó que Rojas, recluido en El Helicoide, tiene fiebre y otras dolencias de salud que no han sido atendidas por los médicos de ese recinto. “Ellos se limitan también de dar información por una u otra razón que todos aquí conocemos”.
El 29 de marzo de 2023, como parte de la trama Pdvsa Cripto fueron arrestados los choferes Jean Meyer, Miguel Irigoyen, Luis Guzmán y Ramón Cardozo. Liz Mejías, familiar de uno de los detenidos, pidió al fiscal Tarek William Saab que revise sus casos.
El grupo fue acusado de asociación para delinquir y apropiación de bienes indebidos. Tres de ellos están detenidos en la sede de la PNB en la urbanización Boleíta y otro fue enviado a la cárcel de Yare III, en el estado Miranda.
Mejías alegó que son inocentes y ni siquiera pertenecían a la nómina de Pdvsa. “Ellos no pertenecen a la trama de Tareck El Aissami, ellos no se robaron los millones, no tienen ni una bicicleta (…) Estos cuatro muchachos son inocentes, solamente eran choferes. Pedimos que se haga justicia. Así como ellos hay muchas personas inocentes, detenidos injustamente”.
Los familiares de presos políticos y por la llamada Ley Antiterrorista también exigieron que se reparen “los daños morales, emocionales y económicos que han generado estos procesos”, y que las autoridades permitan la visita del Relator Especial contra la Tortura de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país.
Fuente: Tal Cual
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noviembre 23, 2024
