Los parientes de los jóvenes asesinados en protestas de 2017 exigieron nuevamente al Ministerio Público adelantar investigaciones
Oenegés y familiares de asesinados en las protestas antigubernamentales de 2017 en el país exigieron al fiscal general, Tarek William Saab, que se “adelanten las investigaciones de manera genuina de autores materiales y las cadenas de mando” de los responsables de estas muertes, para que haya una “justicia verdadera”.
En una misiva, entregada por la Alianza de Familiares de Víctimas (Alfavic), instaron al Ministerio Público a que, “conforme al memorando de entendimiento” entre el país y la Corte Penal Internacional (CPI), firmado en noviembre de 2021, “se actúe con la debida diligencia para que los crímenes perpetrados no queden impunes”.
Según la Alianza de Familiares, “no se conocen avances orientados a realizar investigaciones genuinas para identificar y sancionar a los responsables” y, por el contrario, fueron “testigos y víctimas de patrones de conducta reiterados de denegación de justicia y de retardo procesal” que los “revictimizan constantemente”.
De momento, “existen nueve casos” en los que, tras “seis años, no hay imputados ni acciones ni voluntad real para determinar la responsabilidad en los asesinatos”.
“Por un guardia nacional”
En una rueda de prensa frente a la sede de la Fiscalía, en Caracas, Iván Urbina, padre de Fabián Urbina, asesinado en junio de 2017 “por un guardia nacional”, dijo a periodistas que exigen justicia para “todas y cada una de las víctimas de la represión”.
“Hemos visto, a través de estos seis años, que no hay voluntad de hacer justicia verdadera y genuina”, aseguró Urbina, quien afirmó que la condena dictada al asesino de su hijo, de “15 años” de prisión, es “irrisoria” y “no se corresponde con el tamaño del crimen cometido”.
Las esperanzas de familiares, agregó, “están puestas en los organismos internacionales”, a través de los que esperan conseguir la “tan anhelada justicia”.
Por su parte, Elvira Pernalete, madre de Juan Pablo Pernalete, un joven asesinado a quemarropa por un agente de la fuerza pública, según confirmó en 2017 el Ministerio Público, indicó que el 90 % de los casos “está en absoluta impunidad”.
“Ya nada nos devolverá a nuestros hijos, nada de lo que hagamos, pero nosotros seguimos luchando por ellos, seguimos levantando la voz, no vamos a descansar hasta conseguir esta justicia que se nos niega aquí en Venezuela”, agregó Pernalete, para quien los “autores materiales son protegidos por el sistema de justicia”.
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