Desde el 12 de agosto cansados de esperar una respuesta de la empresa y de las actuaciones de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público, que investiga los hechos, los copropietarios ocuparon las casas a medio construir
La mesa de negociación con la constructora P&D Consultores Jurídicos, el diputado Eduardo Labrador y los propietarios de las viviendas del conjunto residencial Cima se paralizó. El acuerdo no avanzó. Las familias que reclaman la finalización de la obra acusan ventas “dobles” de inmuebles y “estafa” en el proyecto.
Desde el 12 de agosto cansados de esperar una respuesta de la empresa y de las actuaciones de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público, que investiga los hechos, los copropietarios ocuparon las casas a medio construir. “Son nueve años esperando. Todos los años decían lo mismo y nunca tuvimos respuestas”, manifiesta Yadira Bozo, afectada.
Rechaza ser señalados de “invasores” porque tienen documentos en los que registraron los desembolsos a la constructora. Falta de electrificación, de acondicionamiento de la red de aguas negras y agua potable rodean las estructuras de concreto. Bozo señala que los dueños de la compañía enviaron un representante para mediar, quien les habría adelantado que en 45 días estaría el sistema de electricidad en 37 residencias de las 126. Pero “ayer se venció el plazo y no han hecho nada”.
Para terminar el desarrollo les pidieron un pago de un millón 200 mil bolívares, monto que “no” están dispuestos a cancelar porque el proyecto fijó la inversión y recibió los créditos de la entidad bancaria, asegura Bozo. “Qué hizo con el dinero que le dimos años atrás. Las únicas casas que hizo están en las áreas verdes donde sería un Simoncito”.
Gracianos González, copropietario, criticó que desde 2008 adquirió la vivienda y tras solicitar su entrega “otra persona” también tiene el registro de la propiedad y “no está terminada” pese a la irregularidad de los pagos. “Hay muchas familias que no tienen donde vivir y no pueden ocupar las casas porque ni agua hay”.
Exigió se responda a la demanda de las familias afectadas por la reventa de las viviendas. Tras la negativa de finalizar los trabajos, pidió al constructor “solucionar el problema” porque hay hogares que necesitan del techo donde vivir.
diciembre 7, 2024
