El FBI detuvo este viernes a Hanna Dugan, jueza de un tribunal de primera instancia en Wisconsin, acusándola de impedir que agentes federales arrestaran a un migrante mexicano en la corte, según informó Kash Patel, director de la agencia.
En un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter), Patel señaló que Dugan habría “desviado intencionalmente a los agentes federales” que buscaban detener al migrante Eduardo Flores Ruiz.
Aunque posteriormente borró la publicación, medios locales confirmaron la detención y que la jueza permanece bajo custodia federal.
Aún no se han dado a conocer los cargos formales en contra de Dugan, pero su arresto supone una escalada en el conflicto entre el Gobierno de Donald Trump y el poder judicial respecto a las estrictas políticas migratorias implementadas por la administración republicana.
Diversos jueces federales han emitido fallos contra las medidas diseñadas para acelerar y aumentar las deportaciones, generando tensiones con la Casa Blanca, que ha calificado a estos jueces de actuar de forma “subordinada” y entorpecer las acciones gubernamentales.
Entre las acciones más controversiales está la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma del siglo XVIII, para detener a migrantes (en su mayoría venezolanos) y trasladarlos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador.
La medida ha sido calificada como “desaparición forzada” por organizaciones defensoras de derechos humanos como Human Rights Watch.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó a principios de abril que el gobierno continúe con las expulsiones, siempre que se notifique a los migrantes y se les otorgue un “tiempo razonable” para apelar.
Sin embargo, el gobierno continuó con los vuelos a El Salvador, lo que obligó a una intervención urgente del Supremo para pausar temporalmente las deportaciones.
En total, más de 200 migrantes han sido enviados a la prisión salvadoreña conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), famoso por denuncias de violaciones a derechos humanos.
Washington justifica estas deportaciones alegando vínculos de los migrantes con pandillas como el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13), recientemente designadas como “grupos terroristas”.
No obstante, investigaciones periodísticas han demostrado que la mayoría de los deportados no poseen antecedentes penales.
El acuerdo entre EE. UU. y el Gobierno de Nayib Bukele incluye un pago anual de 6 millones de dólares para sostener el sistema carcelario salvadoreño, aunque se desconocen los detalles del convenio.
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