Fedecámaras rechaza las amenazas de prisión emitidas contra Franco Cafoncelli, presidente de esta organización en el estado Zulia, por parte de Willy casanova, alcalde de Maracaibo
Fedecámaras rechaza las amenazas de prisión emitidas contra Franco Cafoncelli, presidente de Fedecámaras-Zulia, por parte del alcalde de Maracaibo, Willy Casanova y de Lisandro Cabello, secretario de Gobierno del estado Zulia.
Las amenazas contra el representante de la organización empresarial son por supuestamente promover el impago de los impuestos correspondientes a la nueva Ordenanza Municipal de las actividades económicas y comerciales, industriales y de servicios en el municipio Maracaibo, dictada por la mencionada Alcaldía en el mes de diciembre de 2018.
En un comunicado el organismo estipula que: “El gremio empresarial está en la obligación de alertar y/o denunciar toda medida que ponga en peligro la sostenibilidad empresarial, el desarrollo y la diversificación de la economía nacional, estatal y municipal, basado en el sistema de la empresa privada y de la libre iniciativa, dentro de un orden jurídico que proclame, garantice y respete los derechos fundamentales del hombre y la propiedad privada, conforme a lo previsto en los estatus de Fedecámaras”.
Cámara de Comercio rechaza amenazas
La Cámara de Comercio de Maracaibo rechaza de manera categórica las declaraciones emitidas por el secretario de Gobierno de la Gobernación del Zulia, en donde se amenaza a los empresarios por supuestamente promover el impago de los impuestos municipales.
“A pesar de la grave crisis por la cual atraviesa Venezuela en estos momentos, los empresarios venezolanos somos cumplidores de todas nuestras obligaciones legales y tributarias. Estamos comprometidos con el país, con nuestras empresas, con la preservación del capital humano y los puestos de trabajo”, puntualizó por medio de un comunicado la organización empresarial.
Puntualizaron que no es a través de amenazas y expropiaciones, sino mediante políticas públicas orientadas a una economía de libre mercado y con seguridad jurídica, que podrán haber las condiciones requeridas para generar la confianza necesaria y estimular así la inversión en el sector público y en el sector privado.