Estados Unidos tiene más de 60 mil millones de dólares bloqueados a los tenedores de bonos venezolanos, adeudados por PDVSA desde 2017, por no reconocer al gobierno de Nicolás Maduro
Los tenedores de bonos venezolanos se quedaron sin que nadie oferte los 60 mil millones de dólares de la deuda debido a la falta de negociación de la deuda en default causada por el fin del gobierno interino de Juan Guaidó.
Esto ocurre por la ausencia de liderazgo de Venezuela en Estados Unidos (EE. UU.), ya que Washington no reconoce a la Administración de Nicolás Maduro, con el que cortó lazos en 2019, según reseñó la agencia de noticias Bloomberg.
Dicha situación afecta al Comité de Acreedores de Venezuela, un grupo de inversionistas, en su mayoría institucionales, que poseen más de 10 mil millones de dólares de la deuda.
“Un acuerdo de suspensión de plazo de prescripción es difícil debido al fin del gobierno interino y la falta de claridad sobre quién o cuál es el Gobierno reconocido”, dijo el abogado Richard Cooper, cuya firma atiene las denuncias del grupo de inversionistas.
Cualquier intento de reestructuración enfrentaría un camino difícil, ya que los bonos cotizan por debajo de los 11 centavos por dólar, además de que los operadores estadounidenses tienen actualmente prohibido comprar la deuda por las sanciones.
Conflicto presidencial
El Departamento de Estado tomó la custodia de la Embajada y las residencias diplomáticas de Venezuela en Washington y Nueva York la semana pasada, argumentando que los diplomáticos extranjeros deben ser designados por un presidente, complicando más la liberación de los bonos.
Para los acreedores está en juego el futuro uno de los mayores montones de deuda en default del mundo. El Gobierno y PDVSA dejaron de pagar aproximadamente 60 mil millones de dólares en bonos en 2017. Desde entonces, se acumularon miles de millones más en intereses.
Un acuerdo de suspensión de plazo de prescripción retrasaría ese plazo, lo que, según Cooper, “básicamente evitaría gastos innecesarios” de juicios costosos.
A medida que se acerca el sexto aniversario del default, los inversionistas se preparan para demandar en los tribunales estadounidenses antes de que expire el plazo de prescripción, lo que los privaría de su capacidad para hacer cumplir el pago de las obligaciones.
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