El proyecto expone que el CNE debe ser garante de resguardar los datos personales de los electores que soliciten el proceso. Después de 60 días de la consulta, el Poder Electoral debe destruir el material utilizado en la consulta popular. Hay sanción penal y administrativa para quien publique información de los votantes
La ley de Referendo se mantiene en la palestra de la agenda legislativa como una de las estrategias con las que la oposición se las juega todas para salir constitucionalmente del presidente Nicolás Maduro. Va a la par de la solicitud que la MUD hizo ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el revocatorio, busca acortar los lapsos para este proceso y frenar posibles trabas del ente comicial. Desde ya, el instrumento legal garantiza la confidencialidad de quienes aprueben el cambio del actual gobierno, eliminando así la posibilidad de una próxima lista Tascón o Maisanta.
“El Consejo Nacional Electoral (CNE) será responsable de velar por la protección y resguardo de los datos de carácter personal contenidos en los instrumentos referidos y deberá adoptar, con la mayor diligencia, las medidas y mecanismos necesarios para impedir su divulgación. Toda persona que publique o haga uso indebido de la información antes señalada será responsable penal y administrativamente”, establece el artículo 37 de esta propuesta de ley.
El artículo 38 ordena destruir todo el material electoral después de 60 días de haberse realizado las elecciones refrendarias, excepto que haya algún recurso judicial para su verificación.
En general, son 89 artículos donde se determina el procedimiento que incluye una convocatoria, la búsqueda de firmas y las votaciones. No solo regula el revocatorio, sino los otros seis tipos de referendo, tales como el consultivo; del abrogatorio; el aprobatorio de leyes, tratados o convenios; el aprobatorio de leyes de iniciativa ciudadana; aprobatorio de enmienda constitucional; aprobatorio de reforma constitucional y la convocatoria a la asamblea nacional constituyente.
La ley acorta a 180 días, los 213 disponibles como lapso para llamar a la consulta. Extiende a ocho días el tiempo para recoger las firmas con las que los ciudadanos piden el referendo, para ello se instalarán “no menos” de dos mil puntos de recolección. En total se requieren tres millones 899 mil 273 rúbricas. El funcionario se considerará revocado si lo aprueba la misma o la mayor cantidad de votantes que lo eligieron. El revocatorio solo será válido si participa el 25 por ciento de los inscritos en el Registro Electoral, esto según el artículo 60.
Trabas
José Manuel Olivares, diputado de la Asamblea Nacional (AN), encabezó ayer una comisión parlamentaria de PJ con la que se dirigió a la sede del CNE en Caracas para exigir a esta institución que se pronuncie sobre la solicitud del referendo.
Entregaron un segundo oficio en demanda de una contestación. La primera carta la presentaron el pasado 9 de marzo. “Pedimos al CNE que no se convierta en una traba para los venezolanos y de respuesta… que no se preste para juegos y maniobras políticas”, dijo Olivares.
Destacó que el ente comicial está en la obligación legal de facilitar las planillas para recolectar las firmas. Refirió que el 80 por ciento de los venezolanos reclama la salida del presidente Maduro. “Venezuela decidió revocar las colas, la corrupción, la falta de dinero, la inseguridad”.