El exmagistrado Román Duque Corredor considera que las sentencias forman parte de los ataques del Gobierno al Parlmanento. El diputado opositor Juan Miguel Matheus, también constitucionalista, solicitó al Poder Ciudadano que califique las faltas graves de los magistrados para declarar su responsabilidad penal
Román Duque Corredor, exmagistrado de la extinta Corte Suprema de Justicia, asegura que las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia que eliminan la inmunidad parlamentaria y despojan a la Asamblea Nacional (AN) de sus competencias forman parte del "golpe continuado" que mantiene el Gobierno nacional contra el Parlamento.
Aclara que las nuevas sentencias (157 y 158), en las que el máximo tribunal rectifica, no derogan la remoción de competencia de la AN, porque existe otros fallos anteriores que limitan las facultades que tiene el Poder Legislativo.
Indica que las sentencias evidencian responsabilidad penal y disciplinaria de los siete magistrados de la Sala Constitucional. "Párrafos de sentencias implican un fraude. Si no renuncian magistrados, Fiscal General debe solicitar su falta", asegura el constitucionalista en una rueda de prensa desde la sede del Parlamento, en la que varios juristas explicaron la implicaciones de las sentencias.
El diputado opositor Juan Miguel Matheus, también constitucionalista, solicitó al Poder Ciudadano que califique las faltas graves de los magistrados para declarar su responsabilidad penal.
Eugenio Hernández Bretón, jurista, insistió en que las decisiones de la semana pasada "son pequeños pasos que ratifican la violación de la Constitución". Dice que lo que se pretende a través del comunicado del TSJ es una violación continuada de la Carta Magna.
El máximo tribunal sometió a revisión dos sentencias en las que limitaba la inmunidad parlamentaria y en las que asumía las funciones de la Cámara ante la persistencia del desacato del Legislativo en el acatamiento de varias sentencias del TSJ, luego de un exhorto del Consejo de Defensa de la Nación.
El Consejo de Defensa de la Nación, un órgano de consulta que reúne a los jefes de los poderes públicos para atender asuntos de suma importancia, fue convocado por el jefe de Estado, Nicolás Maduro, luego de que la fiscal general, Luisa Ortega, alertara sobre una "ruptura del orden constitucional" con la decisión del TSJ.