Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, consideró que la población venezolana ha madurado políticamente y reiteró que el CNE es el único ente con la potestad para la activación del mecanismo de de referendo. Detalló que 454 personas han sido detenidas por los hechos violentos registrados en Sucre en días pasados
Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, consideró que es necesario el diálogo en Venezuela para dirimir los problemas por los cuales atraviesa el país.
En el programa José Vicente Hoy, transmitido por el canal Televen, indicó que la intolerancia, el odio y la poca disposición al diálogo le están haciendo mucho daño a la sociedad.
La funcionaria hizo un llamado a todos los actores políticos para deponer este tipo de actitudes ante la necesidad que las partes se entiendan.
“Si no conversamos, si no hay tolerancia, si no nos entendemos. El diálogo es necesario no solo en el ámbito político sino también para materializar proyectos, y para eso se requiere el concurso de todos los venezolanos”, reiteró.
Puntualizó que las actitudes agresivas contribuyen muy poco a la paz del país, que es el anhelo de la mayoría de los ciudadanos; por ello, pidió a la dirigencia política trabajar en función del bien común.
Revocatorio no provocará violencia
Ortega Díaz se refirió al referendo revocatorio y señaló que el Consejo Nacional Electoral es el ente que tiene la potestad de establecer cuál es el procedimiento para solicitarlo y los requisitos. “Se tiene que respetar la decisión del árbitro”, afirmó.
Descartó que puedan registrarse hechos de violencia de no realizarse la consulta este año y consideró que el pueblo venezolano posee una amplia convicción democrática y una madurez política que antes no tenía.
Vandalismo en Sucre
La Fiscal General hizo mención a los hechos violentos ocurridos recientemente en el estado Sucre, donde se registró la detención de 454 personas (442 adultos y 12 adolescentes), de las cuales solo 35 quedaron privadas de libertad.
Insistió en que a todos los detenidos se les garantizó el debido proceso y la posibilidad de tener un abogado privado o un defensor público.
Explicó que las 35 personas que quedaron privadas de libertad habrían participado en hechos en los que estaría comprometida su responsabilidad, entre los detenidos están los presuntos responsables de la muerte de una persona en Cariaco y otra en Cumaná.