La Fiscalía 94 informó que seguirán investigando, por la publicación de unos trabajos periodísticos
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que según el fiscal 94 con competencia plena que lleva el caso contra el diario El Nacional, seguirá la investigación, luego de que detuvieran al periodista José Gregorio Meza y a la directora de Recursos Humanos de este medio para rendir declaraciones.
El SNTP indicó que la investigación es por la publicación de unos reportajes sobre los hermanos Morón Hernández y sus vinculaciones con el Alto Gobierno, hecha por periodistas que están fuera de Venezuela.
El Sindicato precisó cómo se desarrollo el procedimiento en contra de El Nacional:
-El editor jefe de El Nacional, Miguel Enrique Otero recibió una citación fechada el 17 de enero para que asistiera a la Fiscalía, donde sería imputado, el día 25 de enero.
-Este miércoles 25, a las 4 pm, fue buscada en su casa y llevada a declarar la gerente de Recursos Humanos del medio de comunicación. Pudo trasladarse en su propio vehículo pero acompañada por una funcionaria del CICPC. Le solicitaron la nómina de empleados.
-El mismo 25, pasadas las 6 pm, una comisión del CICPC y Ministerio Público llegaron a la casa del Jefe de Redacción de El Nacional, periodista José Gregorio Meza. Hicieron fotografías de la residencia en Guatire y lo condujeron a declarar en calidad de testigo en el CICPC. También pudo trasladarse en su vehículo, igualmente acompañado por el CICPC.
-Ambos interrogatorios tomaron en promedio cuatro horas y a los dos les fueron quitados sus teléfonos celulares. Luego de las declaraciones, los hicieron grabar un vídeo en el que debían decir cómo había estado el procedimiento.
-Este jueves 26, tanto el periodista como la gerente de Recursos Humanos debieron ir a la Fiscalía 94. Hubo solo una conversación y a los dos les regresaron sus equipos.
-Días antes había declarado el ex gerente general de El Nacional.
-Los periodistas que firman los trabajos de investigación por los que se inicia la persecución judicial no viven el país y han manifestado ser víctimas de algunas acciones intimidatorias en torno a sus domicilios y familiares.
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