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El Ministerio Público acordó las medidas de congelación de las cuentas bancarias, así como la prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles de la empresa brasilera Odebrecht.
Tal petición fue hecha por los fiscales 55° nacional y auxiliar, Pedro Lupera y Luis Sánchez, respectivamente, ante el Tribunal 11° de Control del Área Metropolitana de Caracas.
Los representantes del Ministerio Público dirigen la investigación sobre presuntas irregularidades que se habrían suscitado con las contrataciones de la dicha compañía.
La investigación está dirigida a esclarecer la situación y determinar si las obras para las cuales fue contratada esta compañía están culminadas o no; además de verificar cuál sería el destino del dinero cancelado por las mismas, y para corroborar si algunos funcionarios públicos se beneficiaron con esas negociaciones.
De igual manera, se solicitó una orden de aprehensión contra una persona por estar presuntamente vinculada con las irregularidades detectadas, y además, se requirió que sea incorporada al código rojo de Interpol, en caso que esta se encuentre fuera del país, para que sea aprehendida y posteriormente extraditada.
El Ministerio Público además envió rogatorias a Brasil, Suiza y Estados Unidos.