Foro Penal registra al menos 927 personas acusadas de incitar al odio desde 2017

Al menos 927 personas en el país fueron acusadas de “incitación al odio” desde la aprobación, en 2017, de la criticada Ley contra el Odio que el gobierno interino de Delcy Rodríguez pide ahora reformar, según datos difundidos este miércoles 30 de septiembre por el Foro Penal.

Gonzalo Himiob, vicepresidente de la organización no gubernamental, dijo a EFE que “la mayoría de las veces” el delito de incitar al odio fue imputado junto con otros como terrorismo y asociación.

Según la oenegé, seis de las personas acusadas de incitación al odio siguen detenidas y 638 tienen medidas restrictivas de su libertad.

La “presidenta encargada” pidió este martes 29 a la Asamblea Nacional (AN) “con urgencia” reformar la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, impulsada por Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos tras su captura en enero, y promovida en su momento por la propia líder chavista.

Esta norma, que contempla la prisión de 10 a 20 años a quien “fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia” y otro tipo de sanciones, ha sido señalada por organizaciones y por la oposición como parte del “marco legal represivo” aplicado contra periodistas, defensores de derechos humanos y personas críticas al chavismo.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) exigió este miércoles 30 en X que sean “revisados y cerrados” los “procesos abiertos por la Ley contra el Odio” que, aseguró, “solo han servido para criminalizar la expresión”.

“Es una norma contraria a los estándares sobre discursos de odio”, agregó.

La propia Delcy Rodríguez expresó este martes 29 que, si bien cree “en los principios de esa ley”, esta “lamentablemente fue mal aplicada” y “se hizo un uso abusivo” de ella.

Su hermano, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, anunció la conformación de una “comisión especial” de 11 diputados que se encargará de redactar el proyecto de reforma.

Sin embargo, organizaciones de distinta índole exigen que la ley sea derogada. Los expertos han alertado de la ambigüedad en su contenido, lo que otorga un amplio margen de interpretación y discrecionalidad para acusar y sancionar cualquier tipo de comentario u opinión.

 

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