Freno a la insensatez

Los equipos legales de las universidades autónomas trabajan para introducir ante el TSJ una demanda que detenga esta insensatez

El diálogo está extinto en el corazón del Estado venezolano. En ministerios y dependencias oficiales no se respiran ánimos de consenso. Todo es impuesto, nadie participa, se impone un bozal a la pluralidad. El secuestro del 100 por ciento de los cupos universitarios por parte del Gobierno es el ejemplo más palpable -y lamentable- de esta realidad.

El razonamiento consensual se ha atragantado en la enramada institucional. Es una especie amenazada que, al final de cuentas, termina por dinamitar puentes y dar paso a errores garrafales. Esos deslices los vemos traducidos en un listado de nuevos ingresos donde, por ejemplo, no se hallan los nombres de bachilleres con 19 y 20 puntos de promedio o en el que estudiantes que deseaban formarse en Ingeniería aterrizaron en Arte, Preescolar u otras carreras lejanas a sus intereses. Es un desbarajuste producto de la imposición.

Y desde el ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, lejos de abrir camino al entendimiento con las universidades, se sigue apostando a la tozudez. El titular de la cartera, Manuel Fernández, insiste en que los cupos se estatizarán en su totalidad para evitar su venta. Argumenta, de forma alegre y sin pruebas puntuales, que de numerosas universidades le han llegado esas denuncias de corrupción. Estamos sentenciados y condenados sin evidencia alguna.

En ese trance del Estado se ha violentado la autonomía universitaria, resguardada por la Constitución nacional. Se ha ignorado la voz de expertos que idearon un sistema plural, democrático, equitativo y científico para abrir de par en par las puertas de nuestras aulas a miles de jóvenes en todo el país. Se ha estropeado la ley, el orden y el buen proceder.

Esto no puede permanecer así. Confiamos en que la institucionalidad prevalecerá y por ello los equipos legales de universidades como LUZ, la Central, Carabobo, Unet, Simón Bolívar y ULA, entre otras casas autónomas de estudios superiores, laboran activamente para introducir ante el Poder Judicial una demanda que detenga esta insensatez. Los rectores trabajamos, al unísono, para elevar ese recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia de manera conjunta y unificada.

El Estado no puede actuar de manera plenipotenciaria, menos aún cuando está en juego el futuro de la profesionalización de nuestra juventud. Es hora de que predominen la legalidad y el debate por sobre todas las cosas. Ya basta de golpes a la autonomía. Ya son suficientes los errores acumulados bajo esa premisa. El Estado debe rectificar su desatino.