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La vida y la salud, los bienes más preciados del ser humano merecen toda la atención de la sociedad. Aunque la preservación de las mismas implica una responsabilidad personal, su pérdida o deterioro tiene inmensas repercusiones negativas sobre la familia y sobre el entorno social del individuo lo que justifica la intervención del Estado en este tema. La atención de la salud en los últimos años ha tenido un desmejoría evidente. Los hospitales públicos exhiben un deterioro notable en su infraestructura y dotación lo cual nos dificulta a los médicos el cumplimiento de nuestras funciones.
En la actualidad, la adquisición de un seguro médico resulta imposible para la mayoría de la población y los seguros colectivos del sector laboral público se encuentran bajo amenaza de eliminación, ya que la revolución parece verlos como un privilegio incompatible con los principios de igualdad que pregonan. Ningún personero del Gobierno o sus familiares ha dado muestras de preferir los hospitales públicos a la hora de necesitar asistencia médica y por el contrario, prefieren las instituciones cubanas o brasileñas para tales fines. Por el contrario, el común de los mortales, incluyendo a la clase media, necesitamos de la salud pública pese a todas las reservas que esta genera.
En Venezuela tenemos una gasolina más barata que el agua embotellada y su necesario aumento se ha convertido en un gran temor para este Gobierno. El año pasado se inició una campaña preparatoria de un eventual incremento que quedó en veremos por tratarse de un año electoral.
Con los inmensos recursos generados bien se podría crear un fondo para financiar la construcción de nuevos hospitales, la remodelación rápida de los ya existentes, la adquisición de equipos diagnósticos y terapéuticos de última tecnología y la dotación de las instituciones con insumos y medicamentos. Su administración óptima y libre de corrupción requeriría un ente con representación de todos los sectores del país, con una rígida acción contralora y ajeno a toda actividad partidista.
Estoy seguro que el temido costo político de un aumento de la gasolina se minimizaría si el ciudadano comienza a ver a corto plazo una mejora substancial de la calidad de la atención en el sistema público de salud. Soñar no cuesta nada.