Gobernación frena ecocidio en los manglares de Puerto Caballo

La Ley Penal del Ambiente, publicada en Gaceta Oficial N° 39.913 de fecha de 2 de mayo de 2012, estipula que tiene por objeto tipificar como delito los hechos atentatorios contra los recursos naturales y el ambiente e imponer las sanciones penales

Francisco Arias Cárdenas, gobernador del estado Zulia, ordenó la intervención de la zona de manglar, en el sector Puerto Caballo, parroquia Ildefonso Vázquez, vía que conduce hacia los municipios Mara y Guajira, la cual tomó un grupo de comerciantes informales que atentaban contra el ambiente. 

“Iniciamos este operativo para frenar el ecocidio, estamos desapareciendo los tarantines donde hemos encontrado que vendían gasolina ilegal y estamos rescatándole a la Laguna de las Peonias su zona de protección natural, ya que estas personas incurrían en un delito que está condenado por la Ley Penal del Ambiente”, así lo informó Enrique Parra, intendente de Maracaibo.  

Manifestó que el operativo durará aproximadamente 15 días y participan el Centro de Operaciones (Coez), Servicio Autónomo Relleno Sanitario (Sarez), el Instituto Autónomo Regional del Ambiente (Iara) y la Intendencia de Maracaibo

Los trabajos de recuperación contemplan la recolección de 500 metros cúbicos de relleno y 200 cauchos, “la idea del relleno era ganar terreno para instalar negocios precarios y estas personas  atentan contra la vida del manglar el cual protege a la Laguna de las Peonias”.

Explicó Parra que también que conversó con los comerciantes informales, les dio la oportunidad de recoger algunos materiales de los tarantines e inicio el desalojo, por lo que las personas no mostraron ninguna resistencia ya que estaban incurriendo en un delito penal.

“El ecocidio que se comete, no solo atentaba contra la Laguna de las Peonias, sino que, además, generaba en toda la zona inundaciones en la población, porque en la medida que comprimen y rellenaban los manglares, el agua no tenía su cauce natural, por lo tanto rebosa hacia los sectores”.

La Ley Penal del Ambiente, publicada en Gaceta Oficial N° 39.913 de fecha de 2 de mayo de 2012, estipula que tiene por objeto tipificar como delito los hechos atentatorios contra los recursos naturales y el ambiente e imponer las sanciones penales.