Juristas consideran que el poder Legislativo no debe acatar la sentencia de la Sala Constitucional del TSJ. “Es un atropello” según Blanca Rosa Mármol de León. Henry Ramos Allup asegura que dictamen del TSJ “no tiene efecto de presión ni inhibitorio” y que las acciones "son de un gobierno que está en sus agónicos días”
La Asamblea Nacional no dará tregua a la corrupción. El dictamen de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no pondrá freno a las investigaciones que el Poder Legislativo, ahora con mayoría opositora, quiere hacer a los funcionarios del Ejecutivo y sus presuntos actos de malversación de fondos.
“Vamos a seguir investigando la ruina del aparato productivo y de las empresas a las que le puso la mano el Gobierno y se convirtieron en negocios para funcionarios”, garantizó Henry Ramos Allup. El diputado agregó en una rueda de prensa que los casos de narcotráfico, “Pudreval”, los dólares de Cadivi y la “espeluznante situación de la deuda externa”, serán objeto de averiguación.
Para el presidente de la AN, las “malas interpretaciones” con las cuales la Sala Constitucional “pretende frustrar o eliminar las facultades” del legislativo de citar e investigar a funcionarios civiles y militares de cualquier rango, convierten el documento en una “sentencia del miedo” que trata de proteger a los funcionarios del presidente Nicolás Maduro.
Considera “extraño” que el fallo, a su juicio redactado por el exmagistrado Francisco Carrasquero, no se refiera a las mociones de censura que tiene la Asamblea Nacional, “ni las que en uso de nuestras facultades constitucionales podemos emitir contra cualquier ministro o contra el vicepresidente”.
La directiva de la AN ratificó que el dictamen de la instancia judicial “no tiene efecto de presión ni inhibitorio” porque obedece a una “permanente emboscada judicial” del Ejecutivo que utiliza al “TSJ que es lo único que está sosteniendo con artilugios seudo jurídicos a este Gobierno”. Y agregó: "Estas acciones son de un Gobierno que está en sus agónicos días”.
La fracción de la Mesa de la Unidad Democrática y la bancada del chavismo debatirán en plenaria sobre la sentencia de la Sala Constitucional del TSJ esta tarde, como primer punto en la orden del día de la sesión ordinaria del cuerpo legislativo. Posteriormente prevén la primera discusión del proyecto de ley de orgánica de transparencia, divulgación y acceso a la información pública.
“Es una intervención a la AN”
“Es un atropello porque ya no es un conflicto de poderes, es una invasión de un poder sobre otro, una intervención a la Asamblea Nacional, permitiendo anularle las potestades que tiene por disposición constitucional”, opina la exmagistrada Blanca Rosa Mármol de León.
La especialista fundamenta su posición en el artículo 333 de la Constitución y asegura que la reacción de la MUD “debería ser un pronunciamiento expreso de la Asamblea frente al Tribunal Supremo de desconocimiento, porque esa decisión es imposible de acatarla, porque acatar esa decisión es anular a la Asamblea, dejarla sin funciones”, afirmó.
Sala cuestionada
El jurista Juan Carlos Apitz, expresidente de la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo, cuestionó los antecedentes de tres de los recién magistrados que integran la Sala Constitucional por estar públicamente vinculados con el partido de Gobierno: Calixto Ortega, miembro de la dirección nacional del PSUV y exvicecanciller, Lourdes Suárez Anderson, hermana del fiscal Danilo Anderson y Luis Damiani Bustillos, exrector de la Universidad Bolivariana de Venezuela. “Gente de confianza del Gobierno”, criticó.