El gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Seguridad que comanda Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal y acusó de “traición a la patria” al exembajador argentino ante Venezuela, Oscar Laborde, por haber intervenido en el caso del gendarme Nahuel Gallo, detenido en la República Bolivariana y acusado de espionaje.
Según la denuncia, Laborde es “un colaborador del régimen de Nicolás Maduro”.
De acuerdo a la acusación presentada por el abogado Fernando Soto ante la Justicia Federal, Laborde inició gestiones internacionales sin ningún tipo de autorización del Gobierno nacional y habría contactado a la familia del gendarme para entregarle una carta a Gallo “con la colaboración del Gobierno de Venezuela”.
El caso del gendarme Nahuel Gallo comenzó cuando el cabo primero de la Gendarmería fue detenido el pasado 8 de diciembre en un paso fronterizo entre Cúcuta, Colombia, y Táchira, Venezuela, mientras intentaba ingresar al país para visitar a su pareja y a su hijo. Allí, fue interceptado por agentes de Contrainteligencia venezolanos y acusado por el gobierno de Nicolás Maduro de tener un “plan terrorista”.
La familia del gendarme indicó que las autoridades venezolanas confiscaron su teléfono y su equipaje y lo ingresaron a un vehículo sin identificar. Desde ese momento, el paradero de Gallo es incierto.
A raíz de la expulsión del personal diplomático argentino desde Venezuela, las negociaciones para la liberación de Gallo son realizadas a través de la Embajada de Brasil en Caracas.
En medio del conflicto diplomático, el exembajador Laborde cuestionó el ingreso del gendarme a Venezuela y sostuvo que “Patricia Bullrich debería contestar quién autorizó el viaje del gendarme”.
“No queda claro quién emitió la autorización, no se le avisó al agregado de Gendarmería en Colombia, no se le avisó tampoco a Venezuela que estaba entrando un gendarme”, dijo en diálogo con La Nación el pasado lunes 23 de diciembre.
Según el Gobierno, mientras la Cancillería argentina intenta lograr la liberación del gendarme por vía diplomática, el exembajador “se encargó de presentar como ‘irregular’ el ingreso del gendarme en Venezuela” y consideró que Gallo no había reunido las autorizaciones pertinentes para ingresar al país en declaraciones ante la prensa.
En este contexto, la denuncia plantea que Laborde, quien fue designado como embajador por el entonces presidente Alberto Fernández en 2022, se superpuso en la gestión diplomática al justificar “la abiertamente criminal conducta de las autoridades venezolanas, bajo el pretexto de un supuesto ‘ingreso irregular’”.
Para el Gobierno, las declaraciones de Laborde avalan “la justificación de la desaparición forzada de un nacional argentino” y refuerzan el argumento del Gobierno venezolano, que considera que Gallo fue enviado en una misión de espionaje.
Desde el régimen chavista sostienen que Gallo fue enviado a Venezuela por el Gobierno argentino en una “misión de espionaje” para liberar a los opositores venezolanos refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas.
El 19 de diciembre, Diosdado Cabello, ministro de Interiores, Justicia y Paz, dijo que Gallo planeaba encubrirse para “desarrollar una operación de extracción de los dirigentes de Vente Venezuela enconchados en la Embajada de Argentina en Caracas”.
Denunciado por “haber traicionado los intereses de la Nación Argentina”
En este sentido, la administración nacional considera que el accionar de Laborde constituye el delito de traición a la patria por haber adulterado la verdad de los hechos “con deslealtad a la alta responsabilidad que le ha confiado la República Argentina al haberlo designado embajador”. El denunciado fue representante diplomático en Venezuela desde julio de 2022 hasta diciembre de 2023.
“La información que se tiene del denunciado Laborde lo acerca a ser un colaborador del régimen de Maduro. Su obrar solo tiene por objeto colaborar con el régimen que detuvo ilegalmente al gendarme Gallo, presentando como “humanitario” a un gobierno dictatorial, y como “fascista” a nuestro gobierno democrático”, menciona el documento judicial presentado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
El delito de traición a la patria está tipificado en el artículo 214 del Código Penal y no requiere del estado de guerra para ser configurado.
Según el Ministerio, la jerarquía de alto cargo que desempeñó el exembajador presupone una mayor defensa de los intereses nacionales, y considera que estos fueron apartados con el fin de “desprestigiar y comprometer indebidamente a nuestro país, beneficiando a un gobierno que ha desplegado conductas criminales”.
Fernando Soto, representante legal del ministerio a cargo de Patricia Bullrich, solicitó que se inicie un sumario para investigar a Oscar Laborde y determinar si efectivamente cometió el delito de traición a la patria.
Fuente: Perfil
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