El gobierno del presidente y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, denunció de la manera “más contundente y categórica ante la comunidad internacional este nuevo ataque” que representa las sanciones anunciadas contra el dirigente Diosdado Cabello y su familia. La medida tomada por el gobierno de EEUU se conoce dos días antes de las elecciones presidenciales en Venezuela
El Gobierno de Venezuela repudió hoy las nuevas sanciones económicas impuestas por el Departamento del Tesoro contra el “número dos” del chavismo, Diosdado Cabello, y su familia, y que asegura buscan sabotear y enturbiar las elecciones presidenciales que se celebrarán mañana.
“No sorprende que en vísperas de un nuevo proceso electoral, donde el Pueblo venezolano saldrá a defender su democracia en contra de las agresiones imperiales (…), una vez más el régimen estadounidense de turno intente sabotear los comicios mediante el uso de medidas ilegales de coerción”, indicó la Cancillería venezolana en un comunicado.
El gobierno del presidente y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, denunció de la manera “más contundente y categórica ante la comunidad internacional este nuevo ataque por parte del régimen supremacista, racista y belicista de los Estados Unidos de América”.
Insistió en que “el único objeto” de estas sanciones contra tres altos funcionarios del Estado solo buscan “enturbiar el proceso electoral” para elegir al próximo jefe de Estado y a los legislativos regionales y locales.
Las medidas forma parte de “la sistemática campaña de agresiones del régimen supremacista del Presidente Donald Trump contra nuestro país, carecen de basamento legal alguno, constituyen una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas”, agrega el despacho de Exteriores venezolano.
El Tesoro de EEUU anunció ayer sanciones económicas contra Diosdado Cabello, su esposa, la ministra de Turismo, Marleny Josefina Contreras Hernández, y su hermano, José David Cabello Rondón, entre otros.
Como consecuencia de estas medidas, quedan congelados los activos que estas personas tengan bajo jurisdicción estadounidense y se prohíbe a entidades estadounidenses llevar a cabo operaciones financieros con ellos.