Economista
Mientras los productos básicos se acostumbran a llenar los anaqueles de los supermercados, los bolsillos de los venezolanos continúan buscando la manera de cubrir la canasta básica familiar. Y es que a pesar de que desde 2003 el Gobierno controla los precios de los rubros fundamentales con el objetivo de permitir que el salario mínimo pueda costear los alimentos, sigilosamente el libre mercado se cuela en los establecimientos tradicionales.
La “aparición” de rubros como champú, jabón en polvo y arroz dejó de ser novedad. Pero, los usuarios, casi resignados, aceptan pagar dos mil 500 bolívares para lavarse el cabello, Bs. mil 800 para lavar la ropa y cerca de mil bolívares para adquirir un kilo de arroz. Esto a pesar de la regulación que impone importes de 29,15 bolívares por kilo de detergente y Bs. 25 el kilo de arroz. Solo prevalece la presencia de la harina de maíz precocida con su precio regulado a 190 bolívares en algunos locales.
“Eso es un reconocimiento de que los precios que están dentro de los controles no son correctos”, afirma Alberto Castellano, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de LUZ. Explica que el decreto que facilita las importaciones adoptado en varios estados del país tiene como meta el abastecimiento, pero castiga a la producción nacional, estimulando las operaciones externas.
“Yo no creo que esos sean los precios reales. Están por encima de los precios dolarizados porque hay elementos de distribución que incrementan eso”. Añade que para obtener importes adecuados, se debe abrir el mercado y eliminar los controles que solo generan una distorsión en el mercado.
Lo barato cuesta
El precio justo se impone antes que el regulado. Las colas kilométricas solo se observan en determinados establecimientos, pues lo barato se vuelve cada vez más extraño. “Ya los precios los liberaron”, se atreve a decir Elizabeth Nieto, secretaria de 59 años. Cada mes le llega una bolsa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) por cerca de cuatro mil 900 bolívares. Aunque tenga esta oportunidad, se ve obligada a pagar caro por fallas. “Es duro para uno que gana sueldo mínimo. No puedo ni siquiera tomarme un café, ya ni compro salsa de tomate ni mayonesa”.
Luis García, comerciante de 54 años no tiene tanta suerte. La bolsa otorgada por los consejos comunales le dura apenas dos días a su familia de cinco personas. Asegura que lo más difícil es conseguir la leche para sus nietos. Si se forma en cola por seis horas, puede comprar un kilo del producto en polvo por mil 100 bolívares, mientras que la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos establece un precio de 65 bolívares para el artículo.
“Nada se consigue, y cuando se consigue, es muy caro. Tenemos que pagar precios injustos marcados en los supermercados. El que no tenga al menos dos trabajos, pasa hambre”, indica José Hernández, ingeniero mecánico. A pesar de que -admite- no es su caso, contando con sus dos ingresos, se tiene que apretar el cinturón para llegar al final del mes. “Hay días que desayuno, almuerzo y ceno pan”.
“Si se consiguen productos son colombianos a precios inalcanzables. Esto es grave, cada vez nos vemos más apretados y con las neveras más vacías. No todos tenemos el mismo poder de compra para acceder a esos productos”.
Amancio Gutiérrez, entrenador de natación.
“Yo compro champú a Bs. dos mil 500 y jabones pequeños a Bs. 600 en las farmacias. Creo que hace falta supervisión en los supermercados. No es solo el Gobierno, nosotros también formamos parte de este vicio porque revendemos”.
Blanca González, docente.